La especialista en seguridad y transparencia, Lucía Almaraz, aseguró que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México constituye uno de los diagnósticos internacionales más severos y relevantes sobre la crisis de violencia que enfrenta el país.

Destacó que el informe reconoce de manera explícita que el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado se convirtió en una de las principales causas de desaparición en México, particularmente en entidades como Jalisco.

La especialista explicó que el documento representa un cambio importante en el enfoque internacional sobre el fenómeno, ya que deja de interpretar las desapariciones únicamente como casos de desaparición forzada atribuibles al Estado y las vincula también con dinámicas de control territorial ejercidas por organizaciones criminales mediante redes de reclutamiento, explotación y exterminio.

Asimismo, señaló que el informe desmonta narrativas oficiales que durante años minimizaron las desapariciones al atribuirlas a ausencias voluntarias o conflictos personales.

Añadió que diversos estudios académicos, periodísticos y diagnósticos civiles ya habían advertido sobre la existencia de corredores de desaparición y reclutamiento criminal en Jalisco, dirigidos a adolescentes y jóvenes mediante engaños en redes sociales y falsas ofertas de trabajo.

Lucía Almaraz consideró que el informe también evidencia el fracaso de las estrategias de seguridad basadas en acciones policiales y militarizadas, al tiempo que exhibe problemas estructurales relacionados con la falta de oportunidades educativas, laborales y comunitarias para jóvenes en zonas con fuerte presencia criminal.

La analista advirtió, además, que el señalamiento internacional tiene implicaciones políticas y jurídicas importantes para México y particularmente para Jalisco, ya que coloca a la entidad como un caso emblemático de captura criminal de juventudes y aumenta la presión internacional sobre autoridades estatales y federales para adoptar medidas de prevención, protección y acceso a la justicia.

Finalmente, Lucía Almaraz sostuvo que, mientras no exista una política criminológica seria y articulada, México continuará reproduciendo condiciones que facilitan que miles de adolescentes sean absorbidos por redes criminales que operan con altos niveles de impunidad.

GR