Una investigación académica elaborada por Luis Antonio González y Jorge Federico Eufracio advierte que las políticas de transparencia y combate a la corrupción en Jalisco derivaron en una estructura de relaciones políticas, empresariales y sociales que los autores denominan “clientelismo corporativo”, donde organizaciones civiles, consultorías, universidades y gobiernos intercambian legitimidad, recursos y capital político.

El estudio, titulado ‘Clientelismo corporativo y la industria anticorrupción en Jalisco’, sostiene que el discurso de los “buenos gobiernos” y la transparencia dejó de funcionar únicamente como una herramienta de rendición de cuentas y se convirtió en un mecanismo de competencia política basado en evaluaciones, rankings y certificaciones impulsadas por organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Gesoc y Aregional.

De acuerdo con la investigación, esta dinámica generó una “industria anticorrupción” integrada por actores públicos y privados que participan en la producción de indicadores, diagnósticos, consultorías y mecanismos de evaluación. Los autores señalan que el Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), creado en 2017, amplió esta estructura mediante la apertura de nuevos espacios institucionales, financiamiento y puestos especializados.

El texto plantea que el intercambio clientelar ya no ocurre únicamente mediante apoyos directos o favores políticos tradicionales, sino a través del intercambio de capital simbólico, económico y político entre actores colectivos. En ese esquema, organizaciones civiles y organismos evaluadores otorgan legitimidad pública a gobiernos y funcionarios mediante reconocimientos o indicadores de transparencia mientras fortalecen al mismo tiempo su propia posición como actores “técnicos” y especializados.

La investigación menciona casos de “puertas giratorias” entre liderazgos empresariales y cargos públicos, como el de Xavier Orendain de Obeso, quien impulsó reformas relacionadas con el sistema anticorrupción desde el sector privado y posteriormente ocupó cargos dentro del gobierno estatal; fue coordinador del gabinete económico en la administración encabezada por Enrique Alfaro Ramírez. 

El documento indica que Jalisco es la entidad mexicana con más proyectos acordados con el Banco Mundial, con recursos comprometidos superiores a 373 millones de dólares (mdd), bajo esquemas vinculados a gobernanza, transparencia y modernización institucional.

Los investigadores sostienen que gran parte de los mecanismos de participación se concentra en sectores especializados y digitales, lo que deja fuera a poblaciones afectadas cotidianamente por prácticas de corrupción. También critican que, ante la baja participación ciudadana, las instituciones y organizaciones suelen atribuir el problema a la “apatía” social, sin revisar las limitaciones estructurales de sus propios mecanismos.

Como conclusión, los autores plantean que la transparencia se convirtió en un fin en sí mismo y no necesariamente en una herramienta para resolver problemas públicos. A la par señalan que la construcción de “buenos gobiernos” no puede limitarse a indicadores o reconocimientos institucionales, sino que debe traducirse en resultados concretos para la población.

jl/I