El especialista en seguridad, David Saucedo, aseguró que la detención de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa representa un golpe directo a la narrativa del Gobierno federal sobre la presunta inocencia del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El analista señaló que la captura del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y del exsecretario de Finanzas del estado fortalece las sospechas de presuntos vínculos entre autoridades estatales y el crimen organizado.
El especialista afirmó que cualquier acuerdo entre el gobierno sinaloense y grupos criminales necesariamente habría pasado por las áreas de seguridad y finanzas, debido al control operativo y financiero que ambas dependencias mantenían dentro de la administración estatal.
Asimismo, sostuvo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo públicamente una postura de respaldo hacia Rocha Moya, aunque en los hechos el Gobierno federal tomó decisiones encaminadas a facilitar las investigaciones y los procesos judiciales.
Entre esas acciones mencionó la solicitud de licencia del gobernador y del alcalde de Culiacán, la salida del vicefiscal estatal y el congelamiento de cuentas bancarias por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sobre las versiones de financiamiento ilícito en la elección de 2021 en Sinaloa, David Saucedo consideró que existió respaldo del narcotráfico hacia actores políticos locales, aunque precisó que este tipo de esquemas de “gobernanza criminal” no serían exclusivos de esa entidad, sino fenómenos presentes desde hace décadas en estados como Tamaulipas, Durango, Baja California, Michoacán y Jalisco.
El especialista afirmó que el apoyo criminal no necesariamente habría definido el triunfo electoral de Morena en Sinaloa, pero sí pudo servir para garantizar mayorías legislativas cómodas y fortalecer estructuras políticas regionales.
David Saucedo también advirtió que Estados Unidos podría intensificar la presión sobre México si no prosperan las extradiciones o procesos judiciales esperados por autoridades estadounidenses. Entre las posibles medidas mencionó sanciones diplomáticas, restricciones de visas, cierres consulares y nuevas investigaciones contra gobernadores y funcionarios mexicanos.
Incluso, señaló que en medios estadounidenses se ha mencionado a mandatarios estatales y figuras cercanas al oficialismo que presuntamente serían investigadas por vínculos con recursos ilícitos y redes de protección criminal.
Respecto a la relación bilateral, el analista indicó que las conversaciones telefónicas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían estar relacionadas no sólo con temas comerciales, sino también con la estrategia de seguridad y combate a los cárteles mexicanos, considerados organizaciones terroristas por Washington.
Finalmente, David Saucedo consideró que el caso Sinaloa apenas sería el inicio de una cadena de procesos políticos y judiciales impulsados desde Estados Unidos contra figuras públicas mexicanas.
GR
