Un informe académico y de análisis sobre la crisis de desapariciones en Jalisco advierte que, pese a la inversión en tecnología y herramientas de búsqueda, persisten graves fallas estructurales, burocráticas y de coordinación institucional que limitan la localización e identificación de personas desaparecidas en el estado. 

El documento, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y titulado ‘La Voz de las Víctimas’, expone que familiares de personas desaparecidas continúan enfrentando procesos de revictimización y deshumanización en distintas instancias gubernamentales, particularmente en fiscalías y dependencias encargadas de la búsqueda. 

De acuerdo con el análisis, muchas familias consideran que las instituciones reducen a las víctimas “a un número de expediente o a meros indicios forenses”, invisibilizando sus historias y dignidad humana. 

El estudio destaca el papel que han asumido los colectivos de búsqueda, como Luz de Esperanza, cuyos integrantes han desarrollado conocimientos técnicos en antropología forense, derecho procesal y tecnologías de rastreo ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado. 

Asimismo, el informe introduce el concepto de “duelo suspendido”, utilizado para describir la incertidumbre permanente que viven las familias ante la ausencia de información clara sobre sus seres queridos desaparecidos, situación que califican como una forma de tortura prolongada. 

En el apartado de análisis institucional, el documento señala que uno de los principales problemas radica en la falta de comunicación y coordinación entre dependencias como la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas (VPD), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). 

Aunque Jalisco cuenta con herramientas tecnológicas avanzadas, como drones, inteligencia artificial y sistemas de geolocalización, el estudio sostiene que estas tecnologías no han generado resultados proporcionales en materia de identificación humana debido a la fragmentación de la información y la falta de interoperabilidad entre instituciones. 

El informe también critica que la política pública en materia de desapariciones continúa siendo reactiva, enfocándose principalmente en la localización de fosas clandestinas y restos humanos en lugar de priorizar estrategias preventivas que ataquen las causas estructurales de las desapariciones. 

Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de un sistema interoperable de intercambio de información en tiempo real entre dependencias, así como la implementación de un portal digital que permita a las familias dar seguimiento transparente a sus expedientes. 

Además, el estudio plantea que los colectivos de familiares deben ser reconocidos como “expertos por experiencia” e incorporados formalmente en la planeación y evaluación de las políticas públicas de búsqueda. 

Finalmente, el documento concluye que la crisis de desapariciones en Jalisco no podrá resolverse únicamente con más tecnología, sino mediante una transformación profunda de las instituciones, con enfoque de derechos humanos, transparencia y colaboración entre gobierno, academia y sociedad civil.

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