La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco (OIUJ) obtuvo una resolución favorable del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ya que ordenó mantenerla dentro del proceso de selección del programa estatal Yo Jalisco. Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2026, luego de que fuera excluida por no contar con una opinión de cumplimiento fiscal positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La resolución fue emitida el 12 de junio al resolver el recurso de queja 243/2026. Por mayoría de dos votos contra uno, los magistrados concedieron una suspensión provisional para que la asociación continúe participando en las siguientes etapas del concurso administrativo a cargo de las autoridades de asistencia social del estado.
La OIUJ representa a 120 personas con discapacidad visual y había sido descartada del proceso de asignación de recursos debido al requisito relacionado con su situación fiscal; sin embargo, la defensa de la organización argumentó que este tipo de condiciones pueden convertirse en barreras administrativas que terminan excluyendo a sectores en situación de vulnerabilidad de los programas públicos diseñados precisamente para apoyarlos.
El proyecto presentado por la asociación dentro de la convocatoria lleva por nombre “Centro Comunitario de Inclusión Activa” y busca acceder a recursos del programa estatal, cuyo presupuesto para el ejercicio 2026 asciende a 51 millones 328 mil 727 pesos con 98 centavos.
Además de ordenar la permanencia de la organización en el proceso de evaluación, los magistrados hicieron referencia a un acuerdo legislativo aprobado por el Congreso de Jalisco en 2012, mediante el cual se instruyó la entrega de un apoyo económico a la asociación. De acuerdo con la resolución, dicho compromiso permanece incumplido más de 13 años después de haber sido aprobado.
La determinación judicial también pone sobre la mesa el debate sobre los requisitos administrativos exigidos a organizaciones civiles que trabajan con grupos vulnerables al considerar que algunas disposiciones pueden convertirse en obstáculos para acceder a recursos públicos destinados a la inclusión social.
José Antonio García, apoderado legal de la OIUJ, llamó a la sociedad y a las organizaciones civiles a mantenerse atentas al cumplimiento de la resolución judicial y a vigilar que la asociación pueda continuar en igualdad de condiciones dentro del proceso de selección del programa estatal.
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