El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la función pública no es malo ni condenable en sí mismo; sin embargo, debe emplearse como una herramienta de apoyo para procesar datos y no para automatizar la creación de documentos oficiales, advirtió la académica y especialista en transparencia, Lucía Almaraz Cázarez.

La postura surge luego de que el Gobierno de Jalisco decidiera utilizar la IA para redactar el Plan Hídrico Metropolitano, un documento que, a decir de la investigadora, no contó con la revisión humana rigurosa que se exige y fue elaborado de manera irresponsable.

En ese sentido, Almaraz precisó que la ética pública exige cumplir con tres pilares fundamentales:“Una declaración explícita de cómo se utilizó la herramienta algorítmica, justificar por qué era necesario el uso de la tecnología y garantizar que cada línea sea revisada por especialistas con nombre y apellido”.

Asimismo, subrayó que la transparencia no consiste únicamente en publicar un archivo en un sitio web, sino en permitir a la ciudadanía conocer la metodología y los datos con los que se toman decisiones que afectan su vida cotidiana. No obstante, señaló que el gobierno suele ver la transparencia como un obstáculo o un riesgo, en lugar de asumirla como un factor de legitimidad institucional, certeza y generador de certidumbre.

La especialista consideró que cuando se entregan borradores automatizados con instrucciones dentro del texto final o descuidos editoriales, la innovación tecnológica se convierte en opacidad y simulación.

Finalmente, lamentó que las autoridades desplacen a los expertos en la materia: “En Jalisco abundan especialistas, ¿por qué sustituir el conocimiento técnico para depender de un atajo tecnológico como la IA?”, concluyó.

AL