México reiteró su rechazo a la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque evitó fijar una postura sobre la demanda presentada por 25 estados estadounidenses contra esas medidas al considerar que se trata de un asunto interno de ese país.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno mexicano ha sostenido esa posición durante las negociaciones bilaterales y defendió una estrategia basada en el fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria explicó que el Gobierno considera que existen mecanismos más eficaces para fortalecer la competitividad regional sin imponer barreras comerciales entre los socios de América del Norte.

"Es mejor pensar en América del Norte con el tratado comercial que tenemos frente a las otras regiones del mundo, fortalecernos como región más que ponernos límites internamente. Y hay otros mecanismos", sostuvo.

Sheinbaum señaló que esa postura ha sido expresada de manera permanente durante las conversaciones con autoridades estadounidenses, aunque reconoció que la definición de la política comercial corresponde exclusivamente a Washington.

"Esa siempre ha sido nuestra opinión y le hemos manifestado, evidentemente, en las negociaciones, pero es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos", dijo.

Demanda de 25 estados contra los aranceles de Trump

Al ser consultada sobre la demanda presentada por 25 estados de Estados Unidos contra la política arancelaria de Trump, evitó valorar el litigio. "Ya lo que ocurre en el interior de Estados Unidos, pues ya es tema de ellos", respondió.

Una coalición de 25 estados, encabezada por fiscales generales demócratas, presentó una demanda ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos para impugnar la más reciente ronda de aranceles impulsada por la administración Trump.

Los demandantes sostienen que la Casa Blanca excedió las facultades que le concede la legislación federal y utilizó un fundamento legal distinto para restablecer gravámenes que ya habían sido frenados por la Suprema Corte.

En febrero, la Suprema Corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba al presidente a imponer aranceles generales. Tras ese revés, la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer nuevos gravámenes de entre 10 y 12.5 por ciento a importaciones procedentes de 60 socios comerciales, con el argumento de combatir el uso de trabajo forzado en las cadenas globales de suministro.

Los estados demandantes sostienen que esa justificación constituye un pretexto para reinstalar barreras comerciales que ya fueron declaradas ilegales. Además de pedir que los nuevos aranceles sean anulados, buscan que el gobierno federal devuelva los recursos cobrados mediante esos gravámenes.

La Casa Blanca, a su vez, defiende que la Sección 301 le otorga facultades suficientes y asegura que las nuevas medidas son jurídicamente distintas a las que fueron invalidadas meses atrás.

Para México, el conflicto tiene una dimensión adicional. Aunque Sheinbaum evitó intervenir en un litigio interno de Estados Unidos, la demanda fortalece el argumento que su gobierno ha sostenido durante las negociaciones bilaterales: la integración económica de América del Norte depende de preservar el T-MEC y reducir las barreras entre los tres socios comerciales.

La diferencia es que esa crítica ya no proviene únicamente de gobiernos extranjeros, sino también de una parte importante de las autoridades estatales estadounidenses, que advierten riesgos económicos y cuestionan la legalidad de la estrategia comercial de la Casa Blanca.

AL