El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vía la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sanciona económicamente (con medidas como el bloqueo absoluto de activos) a las empresas que incluye en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. En ese enlistado que regularmente actualizan las autoridades estadounidenses, Jalisco ocupa el primer lugar nacional con más de una cuarta parte de personajes y negocios del país.
Son 294 personas, empresas y organizaciones de Jalisco las acusadas por la OFAC de delitos como blanquear capitales ilícitos. Sus giros son variados, entre ellos del sector inmobiliario, construcción y arquitectura; agroindustria y producción de bebidas como el tequila; turismo, entretenimiento y gastronomía; comercio minorista y mayorista; energía, servicios y transporte. Figuras y empresas vemos, chuecuras no conocemos… (o las autoridades hacen como que no las ven).
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En enero de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 1/2021, la primera con visión sistémica y orientada de manera colectiva a la desaparición de personas. Acumuló 26 quejas diferentes presentadas entre 2019 y 2020 por la desaparición de 31 personas, de las que en el momento de la emisión cuatro fueron localizadas sin vida. La recomendación fue dirigida al coordinador general Estratégico de Seguridad del Estado, el fiscal estatal, el entonces Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y 11 alcaldes, que cometieron diversas violaciones de derechos humanos. Quedaron documentadas desapariciones forzadas.
Han transcurrido seis años y medio desde esa recomendación colectiva (antes de 2021 hubo individuales, como las de 2012 y 2013) y la CEDHJ siguió documentando violaciones de derechos humanos de las mismas dependencias y diversas alcaldías. Ayer, la comisión emitió la recomendación 19/26, que concentra 107 quejas relacionadas con 119 desapariciones. De nuevo se repiten iguales o similares violaciones a los derechos humanos, como la deficiente actuación de las autoridades en las investigaciones, o la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización de personas desaparecidas. Otra vez se acreditó que policías participaron en desapariciones forzadas. Cambian los partidos, gobernantes y nombres de funcionarios… y continúan las violaciones de derechos humanos.
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Del listado de 243 colonias presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) al Siapa, de las que la ombudswoman recibió quejas contra el organismo por el agua contaminada o la falta de líquido, la Junta de Gobierno avaló solo 203, con 32 más que serán revisadas por inconsistencia con los nombres. Ocho fueron eliminadas por hallarse fuera del área de cobertura de la dependencia. Será hasta dentro de un mes que el Siapa emitirá el dictamen, en medio de la crisis en el abastecimiento de agua.
En cuanto a Tlaquepaque, la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la Junta de Gobierno, informó que logró incorporar cerca de 180 colonias del municipio para que sean valoradas y determinar si se les incluye entre las que tendrán 80 por ciento de descuento por recibir agua turbia, carecer del servicio o por ambas situaciones. Acusó que el Siapa no presentó su propia lista de colonias, lo que consideró una “negligencia criminal, una omisión dolosa y una violación sistemática de derechos humanos”. ¿Pronóstico? El jaloneo continuará.
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