A casi dos años de la despenalización del aborto en Jalisco, el principal reto ya no está sólo en el cambio de la ley, sino en garantizar que la interrupción del embarazo sea un servicio de salud disponible, accesible y seguro, advirtieron la doctora Irene Córdova Jiménez, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y Susana de la Rosa Hernández, ex diputado de Jalisco.
Durante el análisis titulado “Luces y sombras de la ley: Análisis crítico de la legislación del aborto en Jalisco”, Irene Córdova señaló que la despenalización representa apenas uno de los niveles necesarios para garantizar el derecho a decidir.
Explicó que el segundo nivel corresponde a que el sistema de salud genere las condiciones para prestar el servicio, mientras que el tercero implica que las personas puedan acceder efectivamente a él, sin retrasos, discriminación o barreras económicas, geográficas, administrativas o informativas.
De acuerdo con la especialista, la evaluación de la política pública debe considerar no sólo la existencia de un marco jurídico, sino también la disponibilidad de personal capacitado, medicamentos e infraestructura, así como la privacidad, confidencialidad y calidad de la atención.
Uno de los principales desafíos, sostuvo, es la desigualdad territorial. Aunque existen servicios identificados en municipios como Colotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Zapotlán el Grande, Zapopan y Guadalajara, cuestionó si las personas que viven en otras regiones del estado pueden acceder al servicio en condiciones similares.
Córdova recordó que Jalisco contaba desde 2024 con un programa de acceso a la interrupción del embarazo y que, en octubre de ese año, se concretó la reforma penal que despenalizó el aborto dentro del plazo establecido por la legislación estatal.
Por su parte, De la Rosa relató el proceso legislativo que precedió a la despenalización y sostuvo que durante la legislatura 63 se intentó impulsar una reforma más amplia.
La propuesta, explicó, no se limitaba al Código Penal, sino que contemplaba modificaciones a distintos ordenamientos estatales relacionados con salud, educación, asistencia social, atención a víctimas, derechos de niñas, niños y adolescentes y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
De la Rosa destacó la necesidad de mantener la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, así como convertir en políticas permanentes algunas de las prácticas que ya se desarrollaban antes de la reforma.
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