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Cae el ‘Sol’ por caso de huachicol fiscal

Cae el ‘Sol’ por caso de huachicol fiscal

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias ‘Capitán Sol’, ‘Sol’ o ‘Mike’, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina, fue detenido en Zapopan, Jalisco, como parte de una investigación federal por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

La Secretaría de Marina informó que la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Solano Ruiz contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Reportes identifican al exmarino como uno de los presuntos operadores de una estructura investigada por el llamado “huachicol fiscal”, relacionada con el ingreso y comercialización ilegal de combustibles mediante operaciones aduaneras. Las indagatorias lo vinculan con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, también investigados dentro de esta causa.

De acuerdo con información difundida sobre el expediente, Solano Ruiz habría tenido funciones de enlace con personal de aduanas y presuntamente habría utilizado sus relaciones dentro de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas para favorecer operaciones de la estructura investigada.

Estos señalamientos forman parte de las indagatorias y deberán ser acreditados ante la autoridad judicial.

La investigación cobró relevancia tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque en Altamira, Tamaulipas, con alrededor de ocho millones de litros de hidrocarburo. A partir de ese caso, las autoridades ampliaron las pesquisas sobre una presunta red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles por vía marítima.

Tras su captura, Solano Ruiz, en una finca del fraccionamiento Villa Verona, en el municipio de Zapopan, fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México donde quedó a disposición de las autoridades federales, que deberán determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

AL-jl/i

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