El Congreso de Jalisco carece de herramientas legales para sancionar a funcionarios que incumplan sus llamados a comparecer o no entreguen los informes solicitados, aceptó la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero.
Desde septiembre de 2025, la legisladora impulsa una iniciativa para establecer sanciones administrativas graves, que podrían incluir hasta 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos; sin embargo, a más de un año de su presentación, la propuesta continúa pendiente de dictaminación en la Comisión de Participación Ciudadana.
La declaración ocurre luego de que el Legislativo citó a cuatro funcionarios de primer nivel para que rindan cuentas sobre los hechos de represión registrados durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara.
Casillas Guerrero explicó que actualmente no existe una disposición en el marco legal estatal que permita sancionar administrativamente a los servidores públicos que desatiendan estos llamados.
La iniciativa que presentó busca que las inasistencias o el desacato reiterado a las comparecencias constituyan faltas administrativas graves; sin embargo, la propuesta continúa pendiente de dictaminación en la Comisión de Participación Ciudadana junto con otras iniciativas relacionadas.
La diputada agregó que tampoco hay sanciones previstas si las autoridades incumplen con la entrega de informes o presentan documentos con información insuficiente. Por ello, recalcó que el Congreso tendría que revisar qué otros mecanismos puede utilizar para obtener la información requerida y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Sobre la renuncia del ex secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, Casillas consideró que respondió a presiones políticas y sostuvo que también debe rendir cuentas por los hechos del 11 de octubre. La legisladora cuestionó, además, la información publicada sobre concesiones de agua vinculadas con el ex funcionario y pidió que se esclarezca el tema.
Sobre la comparecencia de los cuatro funcionarios de primer nivel, la diputada confió en que las autoridades acudan al Congreso y entreguen la información solicitada. El acuerdo legislativo fue respaldado por la mayoría de las fuerzas políticas
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