Siete empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas habrían utilizado prestanombres para operar y obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos públicos electorales, mediante presuntas irregularidades en la contratación de materiales, de acuerdo con una investigación publicada por EL UNIVERSAL.

La revisión de los registros del Registro Público de Comercio permitió identificar movimientos accionarios y otorgamientos de poderes legales que vinculan a las compañías con integrantes de la familia Hernández Casillas y personas relacionadas con funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las empresas identificadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.

Entre los casos documentados destaca Cajas Graf, constituida en 1993 y que en diciembre de 2021 otorgó poderes y cedió acciones a Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano de José Alfredo. Los movimientos se formalizaron ante la Notaría 185 del Estado de México.

Otra compañía es Corporativo Zeg, creada en 2015, que en 2017 otorgó a Raymundo Hernández poderes para realizar operaciones financieras y asumir su representación legal en contratos y licitaciones con organismos públicos. Sin embargo, en 2024 el propio Hernández solicitó dejar de figurar como representante de la empresa y declaró, ante un notario, que nunca tuvo conocimiento del poder otorgado a su favor.

La investigación también documentó que Corporativo Zeg incorporó en junio de 2023 a cinco representantes legales, entre ellos Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien ocupó un cargo directivo durante la presidencia de Lorenzo Córdova.

En el caso de Comercializadora JVLY, constituida en 2015, se identificaron poderes otorgados a Tatiana Patricia Hernández Velázquez y Fernando Fernández Parra. La primera también aparece como representante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg.

Por su parte, Seriplast de México, constituida en 2008, incorporó posteriormente como socios y representantes legales a Raymundo Francisco Hernández Casillas y a Raymundo y Tatiana Hernández Velázquez, señalados en la investigación como integrantes de la familia de José Alfredo Hernández Casillas.

Las otras dos compañías, Formas Finas y Materiales y Formas Finas Fernando Fernández, también aparecen dentro del entramado empresarial. La primera otorgó poderes de representación a Raymundo Hernández Casillas, mientras que Cajas Graf y Comercializadora JVLY dieron facultades legales a Fernando Fernández Parra.

De acuerdo con la publicación, los movimientos corporativos y las relaciones entre representantes legales, socios y personas vinculadas con el INE forman parte de una presunta red de irregularidades en la contratación de materiales electorales, cuyos contratos con organismos locales habrían superado los 2 mil 740 millones de pesos.

La información también señala que algunos de los involucrados se encuentran bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles actos de corrupción relacionados con la adquisición de materiales electorales para el INE y los organismos públicos locales.

GR