Las organizaciones Red Solidaria Década Contra la Impunidad y Organización Campesina de la Sierra del Sur denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Antonio Barragán Carrasco permanece privado de la libertad desde hace más de 25 años, sin una sentencia definitiva y sin que se hayan esclarecido las denuncias de tortura que presentó desde su detención.
En un posicionamiento conjunto, ambas agrupaciones señalaron que el propio Estado mexicano reconoció, en un informe fechado el 28 de septiembre de 2026, la existencia de dictámenes oficiales que encontraron correlación entre los métodos de tortura denunciados por Barragán Carrasco y las lesiones y secuelas físicas y psicológicas identificadas. Sin embargo, la representación mexicana solicitó a la CIDH declarar inadmisible la petición P-587-25.
Entre las pruebas mencionadas destaca un dictamen médico-psicológico elaborado por la Guardia Nacional en julio de 2023, conforme al Protocolo de Estambul, que identificó correspondencia entre los métodos de tortura descritos y las consecuencias físicas y emocionales del detenido.
También se encuentra una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, emitida en junio de 2024, que acreditó diversas violaciones a sus derechos humanos y solicitó dar vista al juez de ejecución con efectos de amnistía.
A estos antecedentes se suma un amparo concedido en noviembre de 2018 por un Tribunal Colegiado federal, que determinó que la condena se había sustentado parcialmente en declaraciones ministeriales que Barragán Carrasco y su coprocesado denunciaron como obtenidas bajo tortura, por lo que ordenó investigar los hechos.
Las organizaciones cuestionaron que, pese a estos elementos, la investigación penal por tortura permanece sin una resolución de fondo. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República en agosto de 2019 y posteriormente turnada a la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde quedó registrada bajo la carpeta SC01/10766/2019. Según el informe gubernamental, al 30 de enero de 2026 continuaba en etapa de investigación e integración.
Otro de los señalamientos se refiere al proceso penal 706/2016-2, anteriormente identificado como 140/2001-2, que permanece sin sentencia definitiva. El auto de formal prisión fue dictado el 11 de marzo de 2002 y, de acuerdo con las organizaciones, el propio juzgado reconoció en 2014 que la instrucción acumulaba 11 años y 10 meses sin una resolución.
El caso también registra condenas previas: una sentencia de 70 años de prisión dictada en julio de 2014, reducida a 33 años en enero de 2015. Posteriormente, en febrero de 2019, un tribunal ordenó reponer el procedimiento para investigar las denuncias de tortura.
Barragán Carrasco fue detenido el 22 de septiembre de 2001 en San Quintín, Baja California, y trasladado ante un juez en Morelos dos días después. Las organizaciones sostienen que desde enero de 2002 había denunciado actos de tortura, incluidos golpes y descargas eléctricas.
GR
