Los indígenas y sus derechos

Cuando hablamos de leyes las palabras son muy importantes. La forma en que se escriben las leyes determina en gran medida la forma en que las autoridades y el resto de la población actuarán en cada caso.

Un ejemplo muy claro es la discusión en torno al tema del matrimonio: si se define como la unión conyugal entre un hombre y una mujer, se excluye a un sector de la población que no puede contraer matrimonio legalmente. Si por el contrario se define como la unión conyugal entre dos personas, se permite que todas las parejas, sea cual sea su conformación, tengan acceso al reconocimiento legal de su unión conyugal, con todos los derechos y obligaciones que eso implica.

Del mismo modo, cuando en la ley se definió a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos eso se tradujo en un cambio muy importante, porque ahora los padres y tutores no deben comportarse como si fueran dueños de los menores de edad a su cargo; es decir, la ley obliga a que quienes tienen contacto con menores de edad les traten como personas completas, con capacidad de decisión y autonomía, por lo que los adultos tenemos la obligación de proporcionarles la información y los medios adecuados a su nivel de desarrollo psicoafectivo, para que progresivamente vayan tomando las decisiones pertinentes al desarrollo de su propia persona.

Pues al respecto, el estado de Jalisco tiene una gran deuda con los indígenas que habitan su territorio, pues en general se ha negado a reconocer que son personas con plenitud de derechos. Actualmente las comunidades y pueblos indígenas están considerados como sujetos de interés público, lo que significa que en los hechos se les trata como si fueran personas incapaces de hacerse cargo de sí mismas, y por lo tanto no se les permite tomar decisiones en los temas que son fundamentales para su existencia, especialmente en lo que se refiere al usufructo de las tierras en las que habitan.

Es decir, con la redacción actual de sus leyes, el estado de Jalisco le dice a las comunidades y los pueblos indígenas que son muy importantes, que lo que les pase es tan importante que por lo tanto será el estado, a través de su gobierno, el que decidirá qué es lo que debe ocurrir y qué es lo que no debe ocurrir en el territorio en el que habitan, sin necesidad de consultarles.

Esta situación es muy grave, porque los pueblos y las comunidades indígenas suelen habitar en zonas de enorme diversidad biológica y con grandes recursos naturales, por lo que su existencia suele ser un estorbo para quienes desean explotar esos recursos sin tener que limitarse de ninguna manera. Ahora bien, no es casualidad que los indígenas habiten zonas de gran riqueza natural, pues su relación con la tierra y sus frutos es mucho más respetuosa que la que tenemos quienes habitamos en las ciudades.

En el fondo la legislación referente a los indígenas es profundamente racista, pues considera que los indígenas son incapaces de tomar buenas decisiones, y que además son un estorbo para el “progreso” de la civilización, porque se oponen a que intereses particulares (mineros o talamontes) destruyan la naturaleza, y por eso se toleran la violencia y las violaciones de derechos humanos contra indígenas.

A los pueblos y las comunidades indígenas presentes en Jalisco se les debe reconocer como sujetos de derecho, como personas capaces de tomar decisiones colectivamente y asumir las consecuencias positivas y negativas de dichas decisiones. Reconocerles como sujetos de derechos nos permitirá dialogar y aprender de ellos y junto con ellos, y enriquecernos mutuamente.

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