Imparcialidad contra corrupción

En un sugerente libro, Bo Rothstein y Aiysha Varraich plantean que lo contrario de la corrupción es un gobierno de (buena) calidad, lo que significa que es un gobierno que respeta cabalmente el principio de imparcialidad, por lo que actúa de tal modo que no le da preferencias indebidas a nadie ni le pone obstáculos innecesarios a nadie.

Esta definición puede parecer muy simple, pero partir de la imparcialidad tiene la ventaja de que es un comportamiento que puede verificarse sin recurrir a juicios de valor muy elaborados y se queda en el terreno de los juicios de hecho. Es decir, es mucho más sencillo determinar si alguien actuó de manera imparcial que juzgar si lo hizo de manera justa.

Así, siguiendo la propuesta de Rothstein y Varraich, podemos notar que las diversas formas de corrupción que podemos observar son consecuencia de la falta de imparcialidad: particularismo, patronazgo, patrimonialismo, clientelismo y captura del Estado. En todas ellas los actores gubernamentales, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas, en lo que se refiere al uso y la distribución de los recursos públicos, actúan de manera sesgada, proporcionando ventajas ilegítimas a quienes se benefician de esa parcialidad.

Dado que son varias las manifestaciones de la corrupción las iré abordando en otras columnas. En esta ocasión me centraré en el particularismo, que está tan a la vista de todas las personas que incluso forma parte de nuestra vida cotidiana, tanto que hay quienes consideran que es su derecho ser tratados de manera diferente, sin querer reconocer que eso implica corrupción. Quienes reciben un trato particularmente favorable, que les pone por encima de otras personas con mejores méritos, son las personas que coloquialmente afirmamos que tienen palancas o que son influyentes.

Las consecuencias del particularismo quedaron ilustradas con el caso del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco Luis Carlos Vega Pámanes, quien llamó por teléfono a un comisario de Policía municipal para pedirle que dejara en libertad a dos personas detenidas en posesión de armas de fuego, y que no habían podido demostrar que tenían autorización para portarlas.

Lo grave de esto es que Vega Pámanes pretendía anular en los hechos el trámite por el que todos los detenidos en casos similares tienen que pasar. Por cierto, a menos de que nos encontremos frente a otro caso de particularismo, la Fiscalía General de Jalisco debería investigar si hubo más intervenciones de este tipo por parte de Vega o algún otro magistrado en funciones.

Pero el particularismo también se manifiesta en lo cotidiano, por ejemplo, cuando alguien usa sus palancas para lograr obtener un lugar en una institución pública de educación o para que le adelanten una cita en una clínica u hospital públicos. Un ejemplo extremo de esto es el de personas que requieren el trasplante de un órgano, y sobornan a los encargados de la lista para que los adelanten, aunque eso implique poner en riesgo a personas que ya habían hecho su solicitud con anticipación.

Ahora bien, no está de más aclarar que las acciones afirmativas, las que se llevan a cabo para mejorar la situación de las poblaciones que están en situación de desventaja a causa de la discriminación, son una forma de restablecer el principio de imparcialidad, pues corrigen decisiones que favorecieron indebidamente a un sector privilegiado de la población.

Teniendo eso en cuenta, considero pertinente, y me uno a la exigencia social de que el Congreso de Jalisco asigne la magistratura vacante de la sala anticorrupción a una mujer, para compensar la indebida parcialidad a favor de los varones en nuestros sistemas de justicia y anticorrupción.

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@albayardo

JJ/I