Congreso: deuda, judicatura y sistema anticorrupción

Hay una dinámica familiar que al parecer es muy común en nuestra sociedad. Cuando alguno de los progenitores no quiere asumir la responsabilidad de ser quien niega algo utiliza la estrategia de transferir la responsabilidad a su contraparte. En esos casos escuchamos frases como: “¡Pregúntale a tu papá!” o “Lo que diga tu mamá”. En ocasiones esa es la mejor manera de resolverlo, cuando se remite con quien tiene una postura más firme e informada respecto a lo solicitado, y por lo tanto tiene elementos para tomar una mejor decisión. El problema surge cuando no es así, o cuando está claro que la decisión no va a ser del gusto de quien hizo la solicitud y se le transfiere la carga de dar la mala noticia a la otra parte. 

De la misma manera, en la política se suele transferir la responsabilidad de anunciar una decisión ya tomada, que caerá mal entre amplios sectores de la población, a quien se calcula que tiene menos que perder en el proceso. Así, por ejemplo, la decisión de solicitar préstamos para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19, que es sumamente impopular en nuestro estado, se le encomendó a la Comisión Interinstitucional de Reactivación Económica, y luego el gobernador se la pasó al Congreso, una institución que no tiene mucho que perder en un caso como éste, dado que de por sí su popularidad es muy baja. 

Por otro lado, al ofrecer aumentar la cantidad de obras públicas en todos los municipios con el dinero que se obtendría con el préstamo se logra convencer a la oposición de apoyar la medida, porque la obra pública tiene la virtud de generar una gran derrama de dinero, que se extiende a muchas personas, no sólo a quienes ejecutan directamente la obra, por lo que no es de esperar que ningún partido desdeñe la posibilidad de beneficiarse de esa manera. 

Adicionalmente, la discusión sobre quién debe asumir el costo de haber aprobado la contratación de más deuda puede servir para que la ciudadanía no preste atención al proceso de designación de quienes habrán de ocupar los puestos vacantes dentro del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que son muy importantes, porque ese organismo es el que puede ir depurando nuestro sistema judicial, si es que se designa a las personas más capaces e independientes, algo que en principio no le conviene a las facciones que se han repartido el pastel, aunque a la larga nos convenga a todos 

Por cierto, es curioso que el Congreso se haya apresurado a emitir las convocatorias para designar a quienes se integrarán al Consejo de la Judicatura, y no se haya preocupado por aprobar las reformas del marco legal del Sistema Anticorrupción del Estado, que se elaboraron bajo un modelo de parlamento abierto a fines del año pasado, las cuales podrían haber dado un mejor marco normativo para la selección de las personas que llegarán al consejo. 

Lo apresurado del proceso de designación se puso en evidencia en estos días en los que trascendió que el costo de realizar los exámenes de control de confianza a las 67 personas aspirantes al cargo asciende a 335 mil pesos, como se dio a conocer en este mismo diario, algo que no fue previsto ni presupuestado al reformar la ley y elaborar la convocatoria para el caso. 

Ante este panorama, quienes nos representan en el Congreso nos deben explicaciones en torno a la necesidad y oportunidad de contratar más deuda, especialmente cuando tenemos pendientes explicaciones sobre el programa A Toda Máquina; sobre la prisa por designar consejeras de la Judicatura, dejando fuera al CPS; y por qué han postergado tanto la reforma del sistema anticorrupción. Son temas de los que nos deben rendir cuentas. 

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