Sufre acoso sexual en Fiscalía y la despiden  

“Si no quitas la queja, no te presentes más a laborar”, fueron las palabras que Cinthia Espinoza Muñoz escuchó de uno de sus compañeros en la Fiscalía del Estado (FE) el 18 de abril de 2019, cuando se le despidió por presentar una queja ante la contraloría interna por acoso sexual. 

A la mujer no le entregaron oficio alguno para notificarle su despido. Tampoco hubo una audiencia con los superiores para justificar la separación del cargo. Con una llamada telefónica fue suficiente para la dependencia. 

Cinthia relató que fue agente de la Policía Investigadora de la Fiscalía por tres años. En febrero de 2019 fue acosada sexualmente por uno de sus jefes y decidió no guardar silencio, lo que ocasionó que la FE la separara de su cargo y archivara el procedimiento. 

 “El día 26 de febrero de 2019, al estar laborando en la Fiscalía del Estado, sufrí por parte de un agente del ministerio público, cuyo nombre es Jesús Corona Hernández, un acoso sexual, del cual derivó en un acoso laboral por parte de las autoridades superiores de la Fiscalía. Siendo estas autoridades el J1, quien en aquel entonces era Horacio Torres, mismo que actualmente funge como fiscal regional”, comentó. 

Entre la presentación de la queja y su despido fue cuando Cinthia sufrió acoso laboral por parte de su superior. Fue cambiada de adscripción de manera constante y se le prohibió lactar a su hijo de apenas dos meses. 

Tras ser despedida, decidió interponer una denuncia penal en contra de ambos personajes, pero, a la fecha, está archivada. De hecho, aseguró que en la Fiscalía manipularon la carpeta de investigación y crearon falsos testigos para librarse de toda culpa. 

“Se ofrecieron testimonios falsos, declaraciones de personas que yo no conozco. Declararon que vieron todo, cuando no vieron en realidad nada. En este tipo de delitos no se espera que vaya toda la gente a mirar lo que ocurra”, narró. 

La mujer aseguró que no es el único de acoso en contra de Jesús Corona, pues averiguó que tiene antecedentes. Encontró una carpeta de investigación al respecto, la 16451/2017; sin embargo, las autoridades no quisieron integrarla al expediente de investigación.  

“No sé qué va a pasar con la demás ciudadanía. Si a mí, siendo trabajadora se me violentaron los derechos dentro de la institución, no quiero saber cuándo una persona va y pone su denuncia por el mismo delito o cualquier otro, o sea, entonces no le dan apoyo de ningún tipo”. 

A causa de esta situación ha padecido consecuencias psicológicas, pues se le diagnosticó depresión en alto grado y un trauma por lo ocurrido. Además, tiene repercusiones económicas. Al día de hoy, la imagen del 26 de febrero no se puede borrar. 

“Me causa vergüenza, me causa estrés, me causa mucho dolor, incertidumbre, coraje, me causa miedo, porque muchas compañeras lo viven y nadie se anima a denunciarlo por miedo a perder el trabajo”.

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