El derecho humano a la seguridad social

La seguridad social comprende una serie de prestaciones necesarias que garanticen elementos mínimos para el bienestar individual y colectivo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, y señala seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes a la voluntad. 

En el caso de México, la seguridad social es un derecho que nació como conquista del movimiento obrero, de las luchas de los sindicatos para exigir que la legislación laboral que surgió al calor de la Revolución Mexicana estableciera finalmente las bases del reconocimiento a los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora. Es un derecho social, colectivo, inspirado en la solidaridad y el apoyo mutuo entre los más necesitados. 

A pesar de que la seguridad social es reconocida como derecho humano fundamental en el desarrollo, en México no ha sido posible garantizar el acceso universal, los avances de la posrevolución se interrumpieron a partir de los 80 cuando el país cambió a un modelo económico centrado en los intereses del gran capital por encima de derechos sociales; en lo que se refiere al sistema de pensiones, siendo presidente Ernesto Zedillo, hubo una reforma a la Ley de Seguridad Social (1997) por la que el sistema de pensiones dejó de ser público y se volvió un lucrativo negocio de entidades financieras denominadas Afore. Con ese cambio la posibilidad de acceder a una pensión fue prácticamente imposible para la mayoría de los mexicanos, pues de 500 semanas de cotización que se necesitaban se incrementó el requisito a mil 250 semanas. 

El negocio de fondo no era solamente administrar los fondos de retiro de los trabajadores, aunque las cuotas de la administración que cobran las Afore son de las más altas a nivel global (Consar, julio 2019), el lucro real estaba en la posibilidad de disponer de miles de millones de pesos de esos recursos en las sociedades de inversión (Siefore). En Jalisco, el fondo de pensiones administrado por Ipejal ya mostró los riesgos de estas inversiones en el desarrollo de turismo que intentaron en Chalacatepec con un manejo poco transparente de los recursos y sin éxito en su implementación. 

Hace unos días el presidente López Obrador anunció que, de acuerdo con el sector empresarial se presentaría una iniciativa de reformas por la que las Afore cobrarán menos comisiones de manejo de cuentas y para que se reduzcan las semanas de cotización a 750 en el acceso a la pensión de vejez. Esta propuesta ha sido bien recibida, pues posibilita que más trabajadores –sobre todo los jóvenes– logren a futuro acceder a ese beneficio. 

De concretarse la reducción de las semanas habría beneficios directos en materia de pensiones y el acceso a ellas, pero no estaría cambiando el carácter privado que administra el sistema. Es de reconocerse esta medida; sin embargo, no toca el fondo del problema, pues lo deseable es trazar un camino para que la seguridad social, y las pensiones que forman parte de ella, sea reconocida y garantizada como un derecho universal al que todas las personas deberían acceder. 

La pandemia ha puesto en evidencia la precarización del trabajo, incluso hay médicos y personal del sector salud en Jalisco que sin tener contrato base están en la primera línea de atención a los pacientes por Covid. Hace falta mirar de fondo y empezar a pensar en soluciones a los problemas laborales que ha dejado el neoliberalismo: la mayoría de las fuentes de empleo son de trabajo informal, sin prestaciones, bajo contratos temporales, sin acceso a la seguridad social. 

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