Piden reparación de daños para mujer torturada por policías

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a favor de una mujer que fue torturada por elementos de la Policía Investigadora para que se declarara responsable de un secuestro. 

Mediante la recomendación 33/2020, la institución llamó al titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, a que brinde atención y reparación integral de la víctima con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. 

La comisión acreditó que en junio de 2006 agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PJGEJ) realizaron agresiones físicas, psicológicas y sexuales a la mujer con amenazas de muerte para que admitiera ante los medios de comunicación que había realizado un secuestro y que le habían pagado por ello. Luego fue trasladada al reclusorio femenil de Puente Grande. 

Los policías investigadores negaron haber maltratado a la detenida, pero declaraciones, partes médicos de lesiones y dictámenes periciales bajo el protocolo de Estambul, revelaron una correlación con la narración de la víctima, quien presentó síntomas del trastorno de estrés postraumático. 

La CEDHJ determinó que a la quejosa le fue violado su derecho humano a la legalidad en relación con el cumplimiento de la función digna, así como su derecho al trato digno por las actuaciones irregulares de la autoridad. Las vejaciones ocurrieron durante la custodia policial, en la cual los agentes estaban obligados a resguardar y respetar su integridad personal. 

Ante las irregularidades detectadas, la defensoría pidió a la Fiscalía brindar atención psicológica especializada para la víctima durante el tiempo que sea necesario para que pueda superar el trauma. También le solicitó agregar copia de la recomendación a los expedientes de los policías investigadores señalados como responsables. 

Tres de los agentes señalados, Adolfo Torres González, Carlos Hernández Espinosa y Víctor Hugo Reyes Plancarte, son mencionados en otras dos recomendaciones, mientras que Jesús Manuel Lozano López, Celso Alfonso Jiménez Mora y Gabriel Gallegos Hernández aparecen cada uno en una recomendación más. A Gabriela Castillo López y César Raúl García García se les señala sólo en la última. 

Dado que la violación a los derechos humanos de la víctima sucedió en 2006 y la queja fue presentada en marzo de 2019, la CEDHJ pidió que en caso de que los agentes ya no laboren en la institución se tomen medidas para que los señalados no puedan reingresar al servicio público. 

JB/I