Quinto Patio

Si algo caracteriza al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) es que es muy malo, malito, malote para los negocios. Además de las pensiones doradas, de las malas inversiones y su incapacidad para atraer a más afiliados, resiente el mal manejo de sus negocios, en particular los estacionamientos, la agencia de viajes, los salones de fiestas y hasta la sala de velación.

De todos, el único que no funciona con números rojos son los estacionamientos, pero en la actual administración se han esmerado en también conducirlos a la quiebra. El anterior presidente del Ipejal concesionó cinco de esos seis estacionamientos y firmó por un pago de poco más de 7.3 mdp al año. Lo curioso es que ese monto es casi la mitad de lo que esos mismos estacionamientos le habían dejado en los dos años previos. Como que la aritmética no es su fuerte y, obvio, mucho menos los negocios.

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La disputa por los 140 mdp continúa. Ayer el Consejo General Universitario de la UdeG decidió rechazar la respuesta del Ejecutivo estatal a la petición de no concretar el tijerazo. Esto porque en ningún lado apareció la firma del gobernador Enrique Alfaro, a quien señalaron de usar al secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, como escudo ante las posibles responsabilidades a fincarse por emitir ese tipo de documentos con decenas de irregularidades.

Vaya, el rector general Ricardo Villanueva incluso retó a los estudiantes de Derecho a que elaboren una tesis sobre el análisis de las 15 páginas de respuesta y cómo usó el gobierno argumentos confusos, erróneos e ilegales. Sobre los mil 200 mdp del guardadito, el rector corrigió y puntualizó que son mil 300, y que ya están comprometidos en aulas, canchas y más infraestructura. Todo producto de ahorros. Le mandó decir a Alfaro que cuando quiera lo enseña a crear infraestructura con economías y no con deuda. ¡Sopas!

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Cada vez queda más claro que el gobernador Enrique Alfaro llevará su pleito con la UdeG hasta cualquier rincón que huela a león negro. La semana pasada removieron a 15 jueces que aparentemente tienen vínculos con la casa de estudios y ahora quieren llevar el conflicto al Tribunal de Justicia Administrativa (THA), para remover de su cargo al ex director de Estudios Jurídicos de la UdeG, el magistrado Adrián Miranda. Según el Jurídico del Congreso, el nombramiento del magistrado vence en febrero de 2025, cuando se cumplen los siete años desde que asumió la magistratura.

Sin embargooooooo, los diputados quieren aprovechar que su nombramiento, que se fue a tribunales, se dio años antes, para removerlo ya. Para ello, ayer le mandaron un oficio al presidente del TJA para que, en un plazo máximo de 18 horas, es decir, hoy, mande la evaluación del desempeño de Miranda, y pidieron al presidente de la Comisión de Justicia, Enrique Velázquez, que cite este viernes a sesión. El legislador sin partido y miembro del grupo político de UdeG cree que, si no cumple esa petición, simplemente lo dejarán fuera.

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Nomás una probadita de información dio la Fiscalía acerca de la captura de cinco policías de Atotonilco el Alto investigados por desaparición forzada. La ejecución de las órdenes de aprehensión fue ayer y se quedaron en que más tardecito darían detalles… Pos wow. Ya hace un mes la fiscal de desaparecidos Blanca Trujillo había dicho que se acercaban a resolver la investigación de los ciudadanos peruanos que fueron desaparecidos un año antes, pero la dependencia no dio detalles al respecto. A ver si hoy, en la rueda de prensa, sueltan el chisme completo, aunque la fiscal estaba en aislamiento por Covid-19.

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¿Al presupuesto 2022 del gobierno federal sí le pondrán recursos para la línea 4 del Tren Ligero?

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