Día Internacional de la Salud Mental

En la agenda internacional, durante septiembre y octubre de cada año se conmemoran cuatro fechas íntimamente relacionadas y muy significativas para las y los psicólogos: el 10 de septiembre, Día Internacional de Prevención del Suicidio; el 9 de octubre, Día Mundial de los Hospicios y Cuidados Paliativos; el 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental, y el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. 

Alrededor de las mencionadas fechas, y más hoy que las y los ciudadanos del mundo seguimos sufriendo la pandemia de Covid-19, con sus millones de decesos, sus multitudinarios y agresivos contagios, y otros múltiples efectos económicos, laborales, académicos y sociales, vemos que las autoridades federales, estatales y municipales, así como algunos cuantos legisladores federales y locales que se acuerdan, declaran sobre la importancia de la salud mental de la población. 

El problema es que aun cuando los días internacionales y mundiales están vocacionados a revisar la situación en torno al tema conmemorado y a evaluar y reforzar las políticas públicas, los programas y las acciones de los gobiernos, en México y particularmente en Jalisco las conmemoraciones sólo quedan en eso, en declaraciones mediáticas y con un pragmático afán de legitimarse y de autoproclamar la eficacia de su trabajo aunque la realidad vivida y percibida por las y los ciudadanos contradiga el discurso oficial. 

Para ser congruentes, lo primero que habría que hacer es reconocer que no contamos con una legislación pertinente que garantice el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos a la salud mental y luego reconocer que los servicios públicos (federales, estatales y municipales) de prevención y atención a los problemas de salud mental y de promoción son insuficientes, de baja calidad, excluyentes y algunos con cuestionables practicas antiéticas.  

Habría que reconocer también que para el estado mexicano la salud mental no es prioritaria como lo es la salud física, ya que a las y los ciudadanos que no pueden o no quieren acceder a los servicios públicos de salud mental y requieren los servicios particulares de salud mental, se les castiga con el cobro del impuesto al valor agregado (IVA), lo que no sucede con los servicios particulares médicos u odontológicos, incluso con los servicios médicos veterinarios, los cuales están exentos del pago del IVA. 

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