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Manipulando las Afores
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En las 904 páginas del tercer Informe de Gobierno presentado durante el mes pasado por el gobernador de Jalisco, la palabra tortura se menciona sólo una vez, ello en el marco de los 22 compromisos asumidos para los 100 Días por la Seguridad Ciudadana, contemplando la elaboración de un protocolo de judicialización de casos de tortura. El estado de Jalisco en 2019 fue calificado en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la comisión de tortura, de acuerdo con el análisis de World Justice Project, y en 2021 ocupó la primera posición en la materia, conforme al informe de Causa en Común. Frente a esta situación, para los delitos de tortura en la entidad no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria y existe 100 por ciento de impunidad.
Desde 2014 el entonces relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Juan Méndez, señaló que en México la “tortura y los malos tratos son generalizados”, siendo una práctica utilizada por parte de policías municipales, estatales, federales, agentes ministeriales y las Fuerzas Armadas. Ante la presión internacional y exigencia de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, en 2017 se logró un paso fundamental para la erradicación de esta problemática que fue la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Dicha ley general estableció diversas obligaciones para las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender la complejidad de tortura en el país y abonar a que se garantice la justicia para miles de sobrevivientes de esta grave violación a los derechos humanos en México. Si bien en 2021 se cumplieron cuatro años desde su entrada en vigor, siguen múltiples pendientes para su seria y efectiva implementación.
Una de las obligaciones para las autoridades estatales ha sido crear una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura que sea orgánica, operativa y presupuestalmente autónoma, con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes. En Jalisco, si bien en noviembre de 2018 se instaló la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, esta no cuenta con las características establecidas en la ley general. Dicha unidad no tiene los recursos necesarios para su adecuada operación y además depende de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, lo que reafirma su falta de autonomía tan necesaria para realizar las investigaciones sin indebidas influencias, considerando la propia naturaleza del delito de tortura que frecuentemente se ha utilizado como método de investigación criminal.
La invisibilización y negación de la comisión de violaciones a los derechos humanos en el país por parte de las autoridades no es algo nuevo. Tras la visita oficial del relator en 2014 la respuesta del Estado mexicano fue negar la gravedad de la situación de tortura y descalificar la labor del experto internacional, situación que parece suceder ahora con las recientes declaraciones del presidente de la República sobre la comisión de las desapariciones forzadas en México, tras la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
La ausencia del abordaje de tortura en el tercer Informe de Gobierno se suma al conjunto de acciones de la actual administración de negar descaradamente varias problemáticas que afectan a la sociedad, apostando a que, si no se reconoce que algo existe, esto no tendría importancia e impacto. Durante la Glosa Ciudadana del pasado 29 de noviembre las autoridades estatales demostraron una rotunda falta de conocimiento de sus obligaciones previstas en la Ley General de Tortura, así como la completa invisibilización de la problemática. A pesar de los avances a nivel internacional y nacional, la tortura se sigue cometiendo, y los intentos de ocultarla en discursos oficiales o mediante la ausencia de las acciones para su prevención y erradicación no borra las huellas que son reales y aumentan cada día en miles de víctimas y en la sociedad.
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