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Un México violento
Porque nos la quitaron
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas ha llegado a prácticamente 16 mil personas que están en esta situación en Jalisco al día de hoy; cuesta trabajo dimensionar la tragedia cuando se mencionan cifras, son las historias de las familias las que nos acercan de una manera más sensible al dolor y la urgencia de atención ante esta grave problemática.
Tratando de situar con algunos puntos de comparación cuánto representan esas 16 mil personas desaparecidas y no localizadas podríamos mencionar la población de varios municipios en 2020: San Julián tenía 16 mil 792 habitantes, Tecalitlán (16 mil 705), Tecolotlán (16 mil 603), San Gabriel (16 mil 548), Amatitán (16 mil 490), Gómez Farías (16 mil 431), Talpa de Allende (14 mil 997), Mascota (14 mil 451), Mazamitla (14 mil 043); de los municipios menos poblados en el estado cinco de ellos; Santa María del Oro, Ejutla, Cuautla, San Cristóbal de la Barranca y Chimaltitán tienen 15 mil 251 habitantes en su conjunto.
Dieciséis mil personas sería un aforo entre la capacidad del Auditorio Benito Juárez, en donde caben 13 mil, y el Estadio 3 de Marzo, que puede albergar 18 mil 879.
El CUCEI (Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UdeG) tiene 14 mil 581 estudiantes. En el ITESO la comunidad universitaria es de 13 mil 400 estudiantes (licenciatura, posgrado y preparatoria) y mil 500 académicos (14 mil 900 personas en total). Por su parte, la marcha 8M de Guadalajara (2022) se estimó en 15 mil participantes.
Del total de personas desaparecidas en Jalisco en el registro nacional hay 13 mil 288 hombres y 2 mil 694 mujeres; el rango de edad en la que desaparecen más hombres en Jalisco está entre 25 y 29 años, y en mujeres, de 15 a 19. De ese total de 16 mil personas que no han sido localizadas hay mil 303 menores de edad (691 niños/adolescentes, 612 niñas/adolescentes).
En ese sentido, destaco algunos de los puntos que hace falta atender de manera urgente en Jalisco:
1. La problemática de las desapariciones prevalece, aunada al rezago o crisis forense que sigue sin solución.
2. Hasta el momento no se ha realizado un estudio o análisis de contexto sobre las desapariciones a nivel local.
3. Existe un rezago en el presupuesto y personal dedicado a investigar y buscar, se acumulan las carpetas de investigación y los operativos de búsqueda en vida son escasos.
4. La identificación forense es lenta, burocrática y los recursos que se destinan son insuficientes.
5. La búsqueda y localización en las llamadas fosas clandestinas tampoco se realiza de manera acorde con la dimensión de la problemática. La reciente brigada realizada por buscadoras de Sonora en acompañamiento a colectivos de Jalisco es prueba de ello pues localizaron 28 cuerpos en una semana y dejaron los indicios necesarios para que se localizaran en total 59.
6. Persisten deficiencias en la atención por parte de quienes se hacen cargo de los reportes, aunque el protocolo nacional homologado indica que las primeras horas son fundamentales para localizarles, se les sigue diciendo a las familias que se esperen para reportar la desaparición.
7. Las familias denuncian que son ellas quienes hacen las investigaciones y búsqueda, la mayoría de las veces sin acompañamiento de la Fiscalía en el proceso.
8. Existe un subregistro de personas desaparecidas, muchas familias no denuncian las desapariciones por miedo ante las amenazas.
9. Hay pocas sentencias por el delito de desaparición forzada; en Jalisco eran apenas cinco sentencias (Cepad) entre 2018 y 2020.
10. A pesar de que la ley sobre personas desaparecidas de Jalisco ya tiene un año en vigor, hay procesos de atención que aún no terminan de implementarse.
Por eso es tan valioso el abrazo solidario de las 15 mil participantes de la marcha del 8M en Guadalajara exigiendo la búsqueda de las y los desaparecidos.
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jl/I