Acusa CEDHJ posible defraudación fiscal

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) interpuso cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra la anterior administración luego de encontrar inconsistencias administrativas durante el proceso de entrega-recepción.

Este miércoles la CEDHJ acudió ante la delegación Jalisco de la FGR a interponer una denuncia por posible defraudación fiscal. A decir del director de Asuntos Jurídicos, Javier Ulloa Sánchez, la administración pasada, encabezada por Alfonso Hernández Barrón, no pagó 20 millones de pesos (mdp) por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Esta es una comisión por omisión. No se hace lo que se debe hacer y produce un resultado que no debe producir. Se violaron disposiciones fiscales contenidas tanto en el Código Fiscal de la Federación como en la Ley de Impuesto Sobre la Renta”.

Indicó que la CEDHJ sabía desde 2021 de la omisión, ya que el propio organismo mandó a hacer una auditoría externa que arrojó como resultado el adeudo, pero aun así no se pagó.

Ulloa Sánchez añadió que de 2018 se deben más de 6 mdp; de 2019, más de 5 mdp; de 2020, alrededor de 4 mdp, y de 2021, más de 3 mdp, lo que da un total de 20 mdp de adeudo entre el ISR no pagado y recargos.

Aunado al asunto, la CEDHJ interpuso tres denuncias ante la FECC por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La primera tiene que ver con contratos que otorgó la CEDHJ a trabajadores con una temporalidad que excedió la anterior administración.

La segunda tiene que ver con una deuda con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) derivado de un inmueble que la CEDHJ tenía en comodato tras un acuerdo con el Ayuntamiento de Tlaquepaque.

“No sabemos qué hacían ahí, para qué querían esa casa. Honestamente no sabemos, pero ahí estaba la casa. Decidimos entregarla porque si no tiene un uso, hay que entregarla. Nada más que nos dice el Ayuntamiento de Tlaquepaque: ‘en ese contrato de comodato tú te obligaste a pagar los servicios’ y de agua, solo de agua, se deben 172 mil pesos”.

La última está relacionada con un contrato multianual con la empresa Radiomóvil Dipsa que excedió el periodo de la administración pasada. En este caso hay un daño patrimonial de 29 mil 336 pesos.

Defensoría abre queja por presunto boicot a marcha

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) abrió una queja de oficio por el presunto boicot del gobierno de Jalisco a la marcha de la Universidad de Guadalajara (UdeG) del miércoles.

La presidente del organismo, Luz del Carmen Godínez González, afirmó que no recibieron ninguna queja ciudadana, pero que ante la información publicada en redes sociales y medios de comunicación, se decidió investigar los hechos.

Justo cuando estudiantes empezaban a trasladarse al Centro de Guadalajara para la manifestación de la UdeG, los servicios de las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero y el del Macrobús se detuvieron, lo que fue visto como un intento de boicot por la casa de estudios. Lauro Rodríguez

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