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Si bien el promedio de 11 meses que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tarda en identificar a una persona que ha sido desaparecida y posteriormente hallada muerta no es periodo deseable, sí es un lapso dentro del promedio nacional, consideró Edgar Cortéz, defensor de derechos humanos y colaborador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Explicó que esta situación avanzó hasta este punto debido a la saturación y rezago en los trabajos de identificación en los servicios médicos forenses en la entidad y la falta de coordinación interinstitucional para responder ante esta crisis forense.
Admitió que esos 11 meses sí es un periodo largo, aunque recordó que colectivos y familiares de entidades del norte de México, como en Coahuila y Nuevo León, han tenido que esperar por años.
En entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios, resaltó que el rezago en la identificación de cuerpos y segmentos humanos en Jalisco y el problema de las desapariciones van de la mano, por lo que lamentó que la investigación penal que lleva a cabo la fiscalía estatal es casi nula y esté sujeta a la información que los propios familiares de la víctima proporcionan.
El defensor de derechos humanos destacó que en cuanto la identificación de personas en los servicios forenses, los peritos no tienen proceso eficientes, ya que hay casos en lo que han tardado muchos años en entregar los cuerpos pese a que las víctimas ingresaron tiempo después de su desaparición.
Cortéz lamentó que las autoridades no tengan un análisis de cuáles fueron las causas para que esas personas hayan sido desaparecidas y luego localizadas con o sin vida para encontrar patrones o información de contexto sobre las causas que llevaron a esta situación y eficientar los procesos, incluso prevenir más casos.
jl