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Un México violento
Porque nos la quitaron
El aluvión de reacciones continúa, una vez destapada la magnitud, complicidades e impunidad de los delitos cometidos por un grupo delincuencial en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Recordemos que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pretendía alargar la intervención de la dependencia a su cargo diciendo el martes, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, que primero indagarían el caso, sin atraerlo. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ayer a la Fiscalía que lo atraiga. Se necesita una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades, puntualizó la mandataria.
Horas después, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que la Fiscalía federal atraerá las investigaciones y que vendrá a trabajar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP). Subrayó que en Jalisco nadie se lava las manos, y que las fuerzas de seguridad federales y estatales trabajan en coordinación, responsabilidad y “voluntad política”. Advirtió que le van entrar “a resolver y a deslindar responsabilidades”. Y, ojo, se reunió con líderes de colectivos buscadores de personas, para informarles los acuerdos con la Federación, y, atención, los invitó a que se unan a las acciones que realizará hoy la CNBP en el Rancho Izaguirre. No se les hará a un lado, como ocurrió una y otra vez en la administración alfarista.
En ese alud informativo sobre el centro de entrenamiento y exterminio ubicado en Teuchitlán, la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló anoche, señala con documentos oficiales, que elementos de la Guardia Nacional reportaron a la Sedena que el 10 de agosto de 2019 localizaron una finca con cuerpos calcinados en un sembradío de maíz y sus pertenencias, en Teuchitlán, cerca de la comunidad La Estanzuela… la misma zona en que este mes el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó en el Rancho Izaguirre los hornos crematorios, calzados, ropa y objetos de las víctimas. Ya sabían las autoridades, pues, que el cártel operaba y que con impunidad cometió ahí crímenes hace más de cinco años.
Pero no para ahí la historia. Un reporte del 21 de marzo de 2020 del comisario de Teuchitlán revela que una persona del grupo criminal lo contactó para llegar a un acuerdo de cuánto dinero entregaría y en qué fecha. “Lo único que ellos (los criminales) piden es que los dejen trabajar”. Según eso, el funcionario respondió que no ocupaba dinero, ni obsequios, y rechazó el soborno. El integrante del cártel no lo buscó nuevamente vía telefónica. Ante posibles actos de venganza se reforzó la seguridad perimetral en la base de operaciones de la policía municipal.
Quedamos estupefactos. Sin palabras.
En julio del año pasado se avaló la incorporación de El Salto y Juanacatlán al Siapa (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado), y en octubre la de Tlajomulco de Zúñiga. Sin embargo, la transición no avanza por problemas económicos y patrimoniales. Como decía el personaje del actor y comediante Héctor Suárez, “no hay, no hay”.
Y es que la infraestructura acuífera de El Salto y Juanacatlán, los dos nuevos municipios incorporados, es insuficiente para cubrir la demanda de manera inmediata. Ái, más adelante, se les sumará. Oooootra decisión fallida del sexenio anterior.
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jl/I