Los protocolos generados a raíz de las violaciones a derechos humanos cometidas el 4, 5 y 6 de junio de 2020 de poco sirvieron para evitar acciones similares, pues durante el 15 de noviembre de este años, durante la protesta de la generación Z, se actuó sin protocolo, concluyó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Los testimonios de familiares de personas detenidas y de periodistas que fueron agredidos con tal de que no documentaran las detenciones, son evidencia de que no se actuó bajo un protocolo durante la contención de la protesta social, lamentó el Cepad.

“Desde el Cepad externamos nuestra preocupación por los testimonios de diversas personas que fueron detenidas en el marco de la manifestación realizada afuera de Palacio de Gobierno. De acuerdo a los testimonios, se advierte la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, probables actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violaciones a los derechos procesales”.

En el pronunciamiento también señalan las agresiones en contra de las personas periodistas Dalia Rojas y Juan Carlos Partida, quienes documentaban las detenciones.

Ante esto, el Cepad condenó el actuar de los policías involucrados y llamó a que haya una investigación de los hechos, se devuelva la herramienta de trabajo robada a periodistas y que se garanticen los derechos de las personas detenidas.

“Los hechos ocurridos evidencian una vez más la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y de actuación en contextos de movilización o protesta social. Las corporaciones encargadas de la seguridad pública no deben seguir cometiendo más violaciones de derechos humanos en contra de personas manifestantes, de quienes transitan por la zona y de periodistas que ejercen su labor”, concluyó la organización.

GR