La fiscalía antitortura en Jalisco no se ha creado por errores de diputadas y diputados en la redacción de la reforma constitucional que debía darle origen, aclaró el Poder Ejecutivo; sin embargo, desde el Legislativo se señala al gobierno del estado del atraso. Aunque la reforma fue aprobada el 29 de mayo, todavía no ha sido publicada en el periódico oficial, lo que impide su entrada en vigor. 

De acuerdo con el Ejecutivo, hay inconsistencias en los documentos legislativos, como artículos omitidos y frases mal incorporadas que han generado falta de certeza jurídica, pero desde el Legislativo se afirma que ya se hicieron los ajustes necesarios. 

El proceso comenzó el 29 de mayo, cuando el pleno aprobó reformas a los artículos 21, 35, 35 Bis, 53, 59 y 74 de la Constitución estatal mediante el Decreto 29838/LXIV/25. Después, el 27 de agosto, con el acuerdo legislativo 315/LXIV/25 se declaró aprobada la minuta para crear la fiscalía antitortura, después de cumplirse con el proceso que implica hacer cambios a la Constitución; sin embargo, este documento incluyó errores importantes: solo mencionó la reforma de cinco artículos y omitió el artículo 35. 

Estas inconsistencias llevaron al gobierno del estado a advertir sobre la falta de certeza jurídica. El 6 de octubre, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, envió el oficio DIGELAG OF 407/2025 al Congreso para señalar que las diferencias entre el decreto original y el acuerdo legislativo impedían avanzar con claridad, pues la redacción no coincidía y generaba dudas sobre el contenido real de las reformas. 

Zamora Zamora también señaló que el artículo 21 quedó mal redactado, ya que se agregó la frase “Artículo 21 (en los términos del dictamen)”, lo que alteraba su sentido. Explicó que si no se pretendía modificar el primer párrafo del artículo debieron colocarse puntos suspensivos entre corchetes, como exige el reglamento legislativo. El Congreso recibió esta observación el 10 de octubre. 

Fue hasta el 31 de octubre cuando las y los diputados aprobaron el acuerdo 322/LXIV/25 para corregir uno de los errores: en el artículo 21, donde debía decir “para ser diputada o diputado se requiere”, se había escrito incorrectamente “en los términos del dictamen”. También transcribieron con precisión los artículos de la Constitución que se modifican, incluyendo el 35. 

En días pasados el equipo de NTR habló con la diputada morenista Norma López Ramírez, quien compartió que el retraso se debe al Ejecutivo por no publicar la minuta pese a que el Congreso corrigió el error y cumplió con todos los pasos. Señaló que el gobierno estatal dejó vencer los plazos, devolvió el documento fuera de tiempo y sigue sin publicarlo, lo que ella interpreta como falta de interés y desconocimiento del impacto que tiene bloquear una fiscalía contra la tortura. 

Ante este retraso el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) denunció que pese a la obligación federal y a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jalisco no ha creado una fiscalía especializada en tortura que funcione de manera efectiva.  

La dirección contra la tortura que opera actualmente carece de autonomía, depende de la misma Fiscalía del Estado (FE), señalada por cometer tortura, y trabaja con una carga insostenible: entre 2021 y 2024 se abrieron mil 621 carpetas con 2 mil 509 víctimas, pero únicamente dos casos han sido judicializados y 58 por ciento está archivado temporalmente.  

El Cepad responsabilizó al Congreso y al Ejecutivo del retraso y los errores en el proceso legislativo para crear la fiscalía especializada, lo que consideró un incumplimiento directo de la sentencia de la Corte y una negación del derecho a la justicia para las víctimas. 

Ya un rato

La fiscalía antitortura se avaló en el Legislativo el 29 de mayo, pero es fecha que no se formaliza su creación.

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