Durante la glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro, diputadas y diputados de distintas bancadas denunciaron la ausencia de resultados, la falta de coordinación institucional y la escasez de políticas efectivas en los primeros 11 meses de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, a cargo de Edna Montoya Sánchez. Las intervenciones se centraron en la poca claridad sobre diagnósticos, acciones de prevención, localización de personas y reducción del rezago forense.
El diputado Alejandro Puerto cuestionó la utilidad de los diagnósticos integrales elaborados y la efectividad de las tres campañas preventivas realizadas. Pidió detallar cuántas reuniones interinstitucionales han derivado en personas localizadas o en investigaciones con responsabilidad penal, así como las acciones específicas para disminuir el número de cuerpos en Ciencias Forenses y el presupuesto ejercido.
La funcionaria respondió que la dependencia ha identificado patrones, zonas y factores asociados al reclutamiento de jóvenes, además de participar en operativos y generar análisis estratégicos, aunque admitió que su principal aporte hasta ahora ha sido en la identificación de personas fallecidas.
La diputada Tonantzin exigió cifras claras sobre cuántas personas han sido localizadas por la Secretaría y qué resultados concretos han contribuido a reducir las desapariciones.
Criticó la ausencia de metas cuantificables, la falta de protocolos de coordinación publicados y el lento proceso de adaptación de la dependencia, señalando que los colectivos continúan realizando el trabajo que correspondería a las instituciones. La respuesta se limitó a informar que trabajan en la actualización de protocolos y que la tasa de localización “ha incrementado”, aunque el dato no fue presentado.
Por su parte, Valeria Ávila preguntó sobre la atención a jóvenes para evitar su desaparición y lamentó la fragmentación institucional. Señaló que no puede hablarse de prevención sin un análisis de contexto ni sin información clara por grupos etarios. La secretaría indicó que ha tenido acercamientos con instituciones educativas, aunque reconoció rezagos en el trabajo regional.
Itzul Barrera de Morena, calificó como “irreal y revictimizante” la comparecencia del titular, al acusarlo de evadir todas las dudas sobre la secretaría y minimizar la crisis de desapariciones. Consideraron “aberrante” que atribuyera las desapariciones de jóvenes a la violencia en sus hogares y que negara prácticas documentadas por familias, como la integración forzada a colectivos o la ineficacia de dispositivos de búsqueda.
Pese a los señalamientos, la Secretaría reiteró únicamente que está dispuesta a modificar dispositivos que no funcionan y a fortalecer la coordinación institucional, sin presentar metas ni acciones concretas.
La diputada Yussara Canales cuestionó la discrepancia de cifras entre dependencias y la falta de coordinación, señalando que colectivos y el Cepad han denunciado duplicidad de funciones y obstáculos para la búsqueda. Preguntó por acciones en zonas críticas, como las centrales camioneras. La titular negó manipulación de datos, admitió falta de consolidación interna y confirmó esfuerzos de operativos en la Central Nueva y otros municipios.
Desde el PAN, Julio Hurtado criticó la falta de directrices claras en política pública y la lentitud en el reconocimiento de cuerpos. Cuestionó la inversión de 10 millones de pesos para ampliar la bodega forense, al considerar que no atiende la raíz del problema, y recordó el aumento de desapariciones en la zona Norte. Aunque la Secretaría aseguró trabajar en la profesionalización y sensibilización del personal, el diputado consideró que el informe se asemeja más a “una carta de buenas intenciones”.
Desde Movimiento Ciudadano se reconoció su apertura al diálogo y se preguntó en qué puede contribuir el Congreso, pero no hubo respuesta específica por parte del funcionario.
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