El gobierno del estado lanzó una convocatoria para que personas físicas y jurídicas puedan obtener una autorización para operar 13 depósitos vehiculares autorizados.
Está dirigida tanto a quienes ya prestan el servicio con permisos vigentes como a quienes cuenten con concesiones federales y deseen participar. Para ello deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma técnica publicada el 13 de febrero de 2025.
Las 13 autorizaciones se otorgarán en los municipios de Mazamitla, Ameca, Tequila, Tala, Ocotlán, La Barca, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Tamazula de Gordiano, Zacoalco de Torres, Tomatlán y Cihuatlán. Estos depósitos apoyarán también las operaciones de la Fiscalía del Estado (FE) en sus respectivos distritos.
Para participar, las personas interesadas deberán asistir primero a una reunión informativa que se realizará dos días hábiles después de la publicación de la convocatoria, lo cual ocurrió el 22 de noviembre. Deben enviar un correo a [email protected] e indicar nombre o razón social, correo electrónico y número telefónico. Solo quienes asistan a este encuentro podrán entregar posteriormente su solicitud formal para obtener la autorización.
Tras asistir a la reunión, los participantes tendrán cinco días hábiles para presentar un escrito solicitando la autorización e indicar la región y el inmueble donde se pretende ofrecer el servicio. También deberán declarar bajo protesta de decir verdad que cumplen con los requisitos legales, administrativos y operativos. La documentación se entregará en las oficinas de la Dirección General de Depósitos y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración, ubicadas en Guadalajara.
Los requisitos documentales son: identificación oficial; constancia de situación fiscal con opinión positiva del SAT; comprobante de domicilio; acta constitutiva o poderes del representante (para personas jurídicas); acreditación de propiedad o posesión del inmueble por mínimo 5 años y superficie de al menos 5 mil metros cuadrados; uso de suelo; dictamen de Protección Civil; certificado de libertad de gravamen o declaración de no impedimentos; póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros por 50 mil unidades de medida y actualización, y contrato de seguridad privada por un año. Es obligatorio anexar el comprobante de asistencia a la reunión.
En cuanto a infraestructura, los depósitos deben estar en vialidades de fácil acceso, contar con barda o malla perimetral de 2.5 metros, control de acceso, área de recepción y revisión, sala de espera, sanitarios, oficinas administrativas, vigilancia 24 horas, cámaras de seguridad, señalización de rutas de evacuación, botiquín, tomas de agua, equipo contra incendios, compresor de aire y batería para recarga de vehículos. La capacidad debe ser de 500 a 6 mil vehículos; además, deben colocar de forma visible horarios, tarifas, requisitos de devolución e información para quejas. No se permite publicidad política.
El sistema informático del depósito debe enlazarse al de la Secretaría de Administración y contar con tablet de 11 pulgadas, internet simétrico de 30 Mb, computadora con 8 GB de RAM y disco de 1 TB, además de impresora multifuncional.
La Dirección General de Depósitos y Custodia Vehicular tendrá 10 días hábiles para revisar la documentación y podrá requerir correcciones por única ocasión. Si procede, fijará fecha para la visita de verificación. Tras inspeccionar el predio, la autoridad emitirá resolución en un plazo máximo de 30 días hábiles.
La entrega de documentos se realizará de lunes a viernes de 9 a 17 horas a partir de la reunión informativa y hasta cubrir las 13 autorizaciones. Las inspecciones se realizarán en los predios propuestos por cada solicitante.
Sólo cinco corralones son propiedad del estado
La semana pasada, el titular de la Secretaría de Administración, Rafael Orendain Parra, reconoció que de los 36 depósitos vehiculares que hay en la entidad, sólo cinco son propiedad del Estado y el resto privados.
Lo anterior lo reveló al ser parte de la glosa del primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro.
Orendain Parra justificó que la privatización de corralones ayuda a tener mayor cobertura y vigilancia, pues los concesionarios se responsabilizan de la seguridad. No aportó cifras detalladas sobre ingresos públicos por estos espacios y mejor remitió al área recaudadora, es decir, la Secretaría de la Hacienda Pública.
Durante la glosa, el petista Leonardo Almaguer Castañeda le preguntó cuántos corralones siguen siendo públicos, cuánto cuesta mantenerlos, cuánto recauda el Estado, cuánto se ha dejado de obtener por haber cedido este tipo de espacios a privados y qué medidas se han tomado para prevenir el robo de autopartes. Redacción
Por municipio
Las autorizaciones para nuevos corralones se otorgarán en los municipios de Mazamitla, Ameca, Tequila, Tala, Ocotlán, La Barca, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Tamazula de Gordiano, Zacoalco de Torres, Tomatlán y Cihuatlán.
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