En los Altos de Jalisco, una de las regiones agropecuarias más productivas del país, el agua subterránea, de la que depende más del 80 por ciento del suministro concesionado, se concentra cada vez más en manos de grandes empresas y mientras tanto los acuíferos se agotan y la contaminación avanza sin control.
Así lo expuso la académica del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Occidente Cindy McCulligh a través del estudio titulado Acaparamiento del agua en Los Altos, Jalisco: prácticas y ausencias del Estado, publicado el mes pasado.
Tras un análisis a 6 mil 125 concesiones de agua, encontró que el 5.9 por ciento de los usuarios acapara el 35 por ciento del volumen total y que apenas 46 actores, entre corporativos y grupos familiares, controlan 112.6 millones de metros cúbicos anuales.
Además, halló que las 17 principales agroindustrias tienen 70.7 millones de metros cúbicos anuales, más que los 68.9 millones de metros cúbicos anuales asignados para abastecer a los 711 mil 381 habitantes de los 17 municipios de la cuenca del río Verde.
El estudio de McCulligh puntualiza que empresas como Proan, Gena Agropecuaria, Posta El Cuatro y Aviporc concentran los mayores volúmenes, y aunque operan instalaciones industriales, casi todas sus concesiones están clasificadas como agrícolas o pecuarias, lo que les permite no pagar derechos de extracción y acceder a electricidad subsidiada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este acaparamiento, añade el estudio, ocurre en una región semiárida con alta vulnerabilidad climática, donde entre 2009 y 2023 el número de acuíferos con déficit pasó de dos a 11. A ello se suma un “mercado negro de concesiones”.
Al respecto precisa que aunque la ley permite la transmisión de derechos, la venta está prohibida, lo que ha creado un sistema informal donde los pagos ilícitos oscilan entre 10 y 20 pesos por metro cúbico, mientras que ex funcionarios de Comisión Nacional del Agua (Conagua) operan como "coyotes".
Para los pequeños productores el escenario es crítico. Donde antes se encontraba agua a 100 metros, ahora deben perforar hasta 500 metros, lo que implica costos que superan el millón de pesos; así, muchos apuestan sus ranchos a pozos que pueden fracasar. Además, ante la falta de opciones legales, proliferan los pozos clandestinos conectados a tomas regulares o a paneles solares para evadir a la CFE.
El estudio concluye que el modelo actual no es un accidente, sino un sistema funcional a la acumulación de capital agroindustrial, sostenido por vacíos regulatorios y corrupción.
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