La diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa ante el Congreso de Jalisco para armonizar el marco jurídico estatal con la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de cerrar espacios de impunidad y aplicar sanciones más severas contra uno de los delitos que más afecta a familias, comercios y empresas en la entidad.

Carrera señaló que, tras la aprobación federal del 25 de noviembre, el país cuenta con una legislación integral que eleva las penas por extorsión de 6 a 15 años de prisión, establece 34 agravantes, tipifica modalidades como el cobro de piso, los montachoques, los préstamos gota a gota, la extorsión electrónica, la cometida por servidores públicos, por grupos criminales o con participación de menores, además de eliminar la querella y convertir el delito en persecución oficiosa. También, quien incurra en este delito no podrá acceder a libertad anticipada.

La legisladora destacó que modalidades como los montachoques han migrado a Jalisco desde otros estados, reiterando que no se permitirá la normalización de estas prácticas delictivas.

Recordó además un caso reciente en el que la Fiscalía del Estado desarticuló una banda que extorsionaba a transportistas en el corredor industrial de El Salto, con cobros de hasta 20 mil dólares mensuales y amenazas directas a operadores y empresas.

La iniciativa propone armonizar cuatro leyes estatales para que Jalisco pueda aplicar de inmediato el nuevo marco federal en materia de extorsión. Entre los cambios destacan la derogación de los artículos 189 y 189 Bis del Código Penal para adoptar por completo el tipo penal federal, con penas más altas y todas sus agravantes.

Además, plantea ajustes a la Ley Orgánica de la Fiscalía para fortalecer los perfiles y controles de las Unidades Especializadas, incorpora criterios de permanencia en la Ley del Sistema de Seguridad Pública y suma la extorsión al catálogo de delitos perseguidos como delincuencia organizada en la legislación estatal.

La diputada subrayó que la iniciativa no implica impacto presupuestal, pues las instituciones y áreas operativas ya existen en el estado.

Finalmente, Carrera llamó a las y los integrantes del Congreso local a respaldar la propuesta al considerar que se trata de un asunto de seguridad y justicia, no de posiciones partidistas. 

CES