A tres días de que se hicieran públicos los señalamientos sobre los antecedentes penales del diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, el legislador del Partido del Trabajo (POT) no se ha presentado en el Congreso de Jalisco ni ha ofrecido una explicación pública sobre su situación. Su bancada informó que en próximos días dará a conocer la fecha y hora en que el diputado emitirá un posicionamiento sobre el tema.

Mientras tanto, el PT ya fijó postura a través de su dirigente estatal y diputado federal, José Luis Sánchez González, quien reconoció que Almaguer Castañeda tuvo procesos penales hace más de dos décadas y aseguró que comparecerá ante el pleno del Congreso para responder a los cuestionamientos.

El líder petista sostuvo que no existe impedimento legal para que el legislador continúe en funciones y afirmó que los señalamientos forman parte de una estrategia política en su contra.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, exhortó públicamente al diputado a explicar por qué nunca informó a la ciudadanía sobre su historial judicial durante el proceso electoral.

El mandatario estatal aclaró que no ha pedido su renuncia ni su separación del cargo, sino que dé la cara y aclare por qué los antecedentes se conocieron a través de una investigación periodística y no por una declaración propia.

“Así como tuvo el valor de buscar el voto ciudadano, debe tener el valor de presentarse ante la sociedad y decir qué fue lo que ocurrió”, expresó Lemus.

Asimismo, el gobernador consideró un vacío legal que la legislación electoral no exija una carta de no antecedentes penales a quienes buscan un cargo público, por lo que planteó la necesidad de reformar la ley para obligar a los candidatos a transparentar su pasado.

HAGAMOS SE POSICIONA 

El grupo parlamentario de Hagamos manifestó este miércoles su preocupación por la filtración de expedientes judiciales relacionados con el diputado Almaguer y consideró que se trata de un uso faccioso de documentos que por ley son confidenciales. 

Mediante un pronunciamiento, señaló que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, dichos registros solo deben estar en posesión de la Fiscalía y de las partes involucradas, por lo que su difusión vulnera principios constitucionales. 

Afirmó que esta filtración proviene de instancias con poder para acceder a los archivos y forma parte de una embestida política contra el legislador pese a que el IEPC confirmó que no existieron irregularidades en su registro ni en su elección.

Asimismo, Hagamos recordó que la Constitución prohíbe juzgar o sancionar dos veces por el mismo delito y consideró indebido ejercer presión política con información de hace más de dos décadas. 

Finalmente, exigió que la Contraloría del Estado investigue la disposición y divulgación ilegal de documentos de la Fiscalía y del Poder Judicial, y rechazó cualquier intento del Ejecutivo por influir en el Poder Legislativo.

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