Alguna vez escuché decir a un político que ser regidor es como obtener una beca bien pagada durante tres años. Pocas responsabilidades tienen, más allá de asistir sonrientes a cortes de listón y a las sesiones de ayuntamiento, donde la mayoría “nadan de muertito” o levantan el dedo para aprobar iniciativas del alcalde o alcaldesa en turno.
También están los regidores de oposición que, a la hora de la verdad, prefieren sacar raja política y obtener puestos para su gente, canonjías diversas o, en el peor de los casos, algún beneficio económico, a cambio de otorgar ese voto que faltaba para avalar un préstamo o una iniciativa polémica. Claro, siempre hay excepciones: los que cuestionan con argumentos técnicos y votan según su conciencia. Son los menos.
Uno de los aspectos del Plan B presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en cuatro iniciativas de reforma constitucional, busca reducir el número de regidores en México, modificando el artículo 115 de la Carta Magna: mínimo siete y máximo quince. Los municipios de menos de 60 mil habitantes tendrían siete; los de menos de 800 mil, hasta 12; y los de más de 800 mil, hasta 15.
Por citar algunos botones de muestra en Jalisco: un regidor de Zapopan recibe un sueldo bruto mensual de 104 mil pesos y en Guadalajara, de casi 90 mil. En estos municipios el ayuntamiento tiene 19 integrantes, incluidos alcaldesa o alcalde y síndicos. En Tonalá, con 17 ediles, el sueldo mensual es de casi 58 mil, y en El Salto, donde hay 16, poco más de 50 mil. Los recursos ahorrados podrían destinarse a otras necesidades, que por cierto abundan. Por ejemplo, hay municipios pequeños con más regidores que elementos de seguridad pública.
Desde que tengo memoria, muchas personas preguntan: ¿para qué sirve un regidor? En teoría, deberían ser un puente de comunicación entre gobierno y habitantes, representar corrientes políticas y garantizar un diálogo democrático en las sesiones de ayuntamiento (antes románticamente llamadas cabildo).
La figura del regidor debería impulsar un gobierno abierto y la colaboración ciudadana. También deberían supervisar gasto y deuda, y actuar como gestores al recibir solicitudes y quejas de vecinos, para que la ciudadanía influya en las decisiones. Todo suena bien, pero en la práctica, con honrosas excepciones pues no deseo generalizar, poco se cumple.
Mucho se critica que esta propuesta, junto a la reducción del salario de diputados locales en una posible reforma al artículo 116 constitucional, implica que el gobierno federal “se mete” contra el federalismo y la autonomía municipal. Sin embargo, el Congreso de la Unión es el espacio adecuado para discutir estos temas, pues ahí participan –en teoría– los representantes del pueblo (diputaciones) y de los estados (senadurías).
La idea de recortar regidores me parece sensata, porque en municipios grandes no solo son ellos, también su séquito de asesores, secretarios particulares o asistentes, con sueldos considerables. Claro, estos gestos son mínimos y no la panacea. Pero aunque menos burocracia no siempre garantice eficiencia, siempre será buena noticia desmontar privilegios disfrazados de representación popular.
*Investigador de la UdeG
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