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Violencia vicaria, una muerte por goteo

Violencia vicaria, una muerte por goteo

La violencia vicaria en México opera como una forma extrema de agresión de género en la que los hijos son utilizados como instrumento para dañar emocionalmente a las madres, según la investigación ‘Violencia vicaria: muerte por goteo o feminicidio moral’, realizada por investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El estudio, a cargo de María Teresa Prieto Quezada, María del Refugio Reynoso Medina, Carlos Dávila Cuéllar y Claudio Carrillo, señala que este fenómeno no sólo implica disputas legales, sino un mecanismo sistemático de control, sometimiento y desgaste psicológico sostenido por estructuras patriarcales e instituciones omisas.

La investigación define la violencia vicaria como una agresión ejercida por hombres violentadores contra mujeres mediante la manipulación, sustracción, ocultamiento o utilización de los hijos para provocar sufrimiento emocional.

Las y los autores del análisis incorporan además los conceptos de “muerte por goteo” y “feminicidio moral” para describir el deterioro paulatino que enfrentan las víctimas.

La “muerte por goteo” alude a un proceso gradual de anulación psicológica y simbólica, mientras que el “feminicidio moral” refiere a la degradación sistemática de la dignidad y valor social de las mujeres.

El documento incorpora el análisis de 20 casos documentados por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Jalisco, en los cuales 17 mujeres reportaron antecedentes de maltrato emocional y ocho señalaron haber vivido violencia desde el noviazgo.

Además, 12 denunciaron ataques constantes a su capacidad de maternar y 11 sufrieron sustracción o retención de sus hijos.

El documento identifica la violencia económica como uno de los principales indicadores previos a la escalada de violencia vicaria. También señala prácticas de manipulación extrema contra las hijas e hijos, incluidos mensajes de rechazo hacia sus madres.

Además, la investigación acusa una “violencia institucional” derivada de procesos judiciales prolongados, falta de sensibilidad de autoridades y omisiones en la restitución de menores. Según el informe, las investigaciones pueden extenderse años, mientras que las víctimas enfrentan audiencias constantes, desgaste económico y afectaciones laborales.

 

jl/I

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