Integrantes de la colectiva “Cuidadoras en Resistencia” pidieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva del Congreso local no votar la iniciativa referente al autismo, impulsada por las diputadas emecistas Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, al advertir que concentra facultades y presupuesto en el DIF estatal, mantiene un enfoque asistencialista y excluye necesidades de personas autistas adultas.
Las activistas señalan que entregaron hace tiempo un análisis técnico y jurídico de más de 50 páginas con observaciones al proyecto.
Al terminar la reunión con de la Jucopo, las representantes solicitaron al coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo, intervenir para evitar que el dictamen fuera sometido a votación. De acuerdo con el colectivo, el legislador se comprometió a dialogar el tema con la Mesa Directiva.
Horas después, a través del área de comunicación social de Movimiento Ciudadano, se informó que el dictamen sería retirado del orden del día para abrir una mesa de trabajo con colectivos y especialistas, bajo el argumento de que no existe prisa para aprobar la legislación y que el objetivo es fortalecer los derechos de las personas autistas.
Durante la exposición pública de sus observaciones, integrantes de “Cuidadoras en Resistencia” cuestionaron el contenido del dictamen al considerar que mantiene un enfoque asistencialista, concentra atribuciones en el Sistema DIF estatal y deja fuera necesidades fundamentales de las personas autistas adultas.
Cintya Ramírez explicó que una de las principales preocupaciones es que la propuesta otorga al DIF facultades para diagnosticar, determinar el acceso a servicios, administrar el padrón estatal de personas autistas y gestionar el presupuesto destinado a la política pública en la materia.
La coordinadora del colectivo sostuvo que la iniciativa no cumple con lo establecido en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que establece que la atención debe recaer en la red hospitalaria y en el sector salud, y no únicamente en instituciones de asistencia social.
“Lo que están creando es un DIF grandote”, señalaron las activistas al advertir que la ley podría consolidar un modelo burocrático centrado en asistencia social y no en atención médica especializada.
Ramírez añadió que el proyecto se enfoca principalmente en niñas, niños y adolescentes, dejando fuera problemáticas relacionadas con la vida adulta de personas autistas, como vivienda independiente, autonomía, acceso al empleo y atención especializada permanente.
También advirtió que el dictamen no contempla mecanismos claros de vigilancia y transparencia sobre el manejo del presupuesto destinado a la política pública de autismo, pese a que se plantea la creación de un fondo económico específico.
Otro de los señalamientos fue la falta de prohibiciones explícitas para terapias consideradas violentas o violatorias de derechos humanos. De acuerdo con el colectivo, la iniciativa propone que una comisión determine qué terapias pueden aplicarse, aunque sin precisar lineamientos técnicos ni exigir especialización en autismo para sus integrantes.
Las organizaciones recordaron que participaron en foros y reuniones convocadas por el Congreso para presentar observaciones jurídicas y técnicas al proyecto legislativo. Sin embargo, acusaron que varias de sus propuestas no fueron incorporadas al dictamen final.
Además, expresaron preocupación ante la posibilidad de aprobar una legislación que, aseguraron, podría perpetuar listas de espera, deficiencias institucionales y falta de atención especializada para personas autistas en Jalisco.
CES
