Daniela Báez, integrante del colectivo Reboso de México, denunció presuntas irregularidades, omisiones y actos de protección institucional dentro del Poder Judicial de Jalisco durante el proceso penal que inició en 2022 contra un ex docente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acusado de abuso sexual infantil.

En rueda de prensa, la activista afirmó que, pese a la existencia de pruebas periciales emitidas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el caso enfrentó diversos obstáculos que retrasaron su avance judicial.

Entre las anomalías señaladas mencionó el extravío temporal de la carpeta de investigación, lo que habría impedido durante meses la tramitación de recursos de apelación ante instancias superiores.

También acusó que resoluciones emitidas por juzgadores y magistrados desestimaron elementos probatorios presentados por la Fiscalía, situación que, aseguró, favoreció el cierre inicial del expediente.

Báez sostuvo que fue necesario recurrir a instancias federales para que se revaluara el caso y se reconocieran elementos suficientes para continuar el proceso penal, lo que derivó en la detención del acusado en 2025.

"Durante estos cuatro años he tenido que defenderme no solo de mi agresor, sino también de quienes debían garantizar mi justicia. Mi caso no es aislado, refleja una realidad donde el 98 por ciento de los delitos en Jalisco no tienen una resolución", declaró.

La activista hizo un llamado al juez Arturo González Santana para que la audiencia intermedia, programada para el próximo 23 de junio, se conduzca con imparcialidad y perspectiva de género.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) de la UdeG al considerar insuficientes las medidas adoptadas contra personal presuntamente relacionado con el caso.

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