Tras la cancelación del nuevo rastro de Tonalá bajo un esquema de asociación público-privada (APP), el Ayuntamiento de Tonalá no cuenta hasta el momento con un plan específico para la aplicación de los 35 millones de pesos (mdp) presupuestados, mientras que la reasignación de recursos no ha sido formalizada al faltar la aprobación del cabildo.
La cancelación del proyecto se confirmó el fin de semana luego de que ‘Mural’ diera a conocer que tres hermanos de Sergio Chávez fueron socios de la empresa que se iba a quedar con la concesión del nuevo rastro de Tonalá por 25 años.
Desde el Congreso de Jalisco, el alcalde tonalteca, Sergio Chávez Dávalos, admitió que actualmente no existe un plan definido para sustituir el esquema APP que impulsaba su administración. Cuestionado sobre las opciones para resolver la necesidad de un nuevo rastro, respondió que el Municipio enfrenta un problema que deberá abordarse de manera conjunta con el Congreso y los sectores productivos relacionados.
Respecto a los 35 mdp considerados para el proyecto, Chávez Dávalos señaló que podrían orientarse a otras necesidades municipales, entre ellas la conclusión de obras en el ‘Hospitalito’ de Tonalá, la creación de un centro para atención de menores con autismo o diversas acciones de infraestructura; sin embargo, aclaró que la reasignación aún no ha sido aprobada y deberá discutirse en una próxima sesión de cabildo.
El alcalde también informó que acudió de manera voluntaria a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) para presentar documentación relacionada con el proyecto del luego de los señalamientos públicos surgidos en torno a un posible conflicto de interés.
Aseguró haber entregado 28 pruebas documentales con las que busca acreditar que no existe irregularidad alguna en el procedimiento y sostuvo que ningún integrante de su familia ha participado en el proyecto ni en decisiones vinculadas a la APP.
Según explicó, los documentos muestran que sus familiares dejaron de formar parte de la empresa señalada desde 2014, es decir, más de una década antes de que se planteara el esquema para la construcción del nuevo rastro.
Chávez insistió en que el proceso ni siquiera alcanzó la etapa de licitación pública, por lo que rechazó que se hubiera otorgado alguna concesión o beneficio a particulares.
Asimismo, afirmó que la propuesta aún debía superar diversos filtros legales y administrativos antes de concretarse.
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