En noviembre de 2025, durante el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, Paula Ramírez Höhne salió en defensa de los organismos públicos locales electorales. Dijo que los OPLE son expresión del federalismo mexicano. Que desde 2014 habían organizado 64 elecciones de gubernatura, 120 legislativas y miles de elecciones municipales.
Que habían dado estabilidad a la transmisión pacífica del poder. Que eran instituciones probadas, necesarias y exitosas.
Tenía razón: las instituciones electorales son indispensables para la democracia. Precisamente por eso resultan tan preocupantes los hechos ocurridos durante la elección de Jalisco en 2024. Porque una cosa es defender la institución, y otra es responder por su desempeño.
La semana pasada Paula Ramírez presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco argumentando motivos personales. Está en su derecho. Lo que no puede ocurrir es que una renuncia se convierta en una amnistía política.
Los expedientes judiciales muestran que la elección más importante en la historia reciente de Jalisco estuvo marcada por anomalías que nunca debieron ocurrir. El expediente SUP-JDC-954/2024 documenta que a la medianoche del 3 de junio el PREP local apenas había capturado menos del tres por ciento de las 10 mil 917 actas del estado. Horas después apenas alcanzaba el 63.34 por ciento. Mientras el país conocía resultados federales, en Jalisco reinaba la incertidumbre.
Los problemas no terminaron en el PREP. En ese mismo expediente quedaron registradas irregularidades en la cadena de custodia del distrito 14. Fueron 22 los paquetes reservados y al menos 11 terminaron siendo trasladados en bolsas negras de basura. Los representantes partidistas denunciaron paquetes abiertos, ausencia de bitácoras, boletas sin dobleces y votos con patrones idénticos de marcado.
En el juicio SG-JRC-373/2024, promovido por Futuro, se denunciaron casi 40 casillas con irregularidades. El partido sostuvo que el desorden logístico involucró más de 300 mil boletas electorales. Ahora que andan dando el aval a partidos asociados a religiones, hay que recordar que dos partidos locales fueron borrados por los errores operativos del IEPC.
Otro ejemplo: en Guadalajara, el expediente SG-JRC-245/2024 documentó la recepción de 207 paquetes electorales a las 14:55 horas del 3 de junio, casi 15 horas después del plazo ordinario de recepción. El mismo expediente refiere discrepancias entre las actas del 2 de junio, las del 4 de junio, el cómputo municipal del 8 de junio y la clausura de bodegas del 10 de junio respecto al número de paquetes resguardados.
La cereza del pastel: en el propio SUP-JDC-954/2024 se documentaron paquetes electorales de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Unión de San Antonio que llegaron vacíos. Sin votos, actas o documentación electoral.
Los tribunales concluyeron que estas irregularidades no fueron determinantes para modificar el resultado de la elección. Jurídicamente resuelto. Políticamente abierto.
¿Puede hablarse de legitimidad institucional cuando hubo paquetes vacíos, votos trasladados en bolsas de basura, actas sustituidas por resultados en cero y retrasos superiores a quince horas? Con la renuncia de la presidenta, tampoco se responde ¿quién asume la responsabilidad cuando las instituciones fallan?
Estamos a menos de tres meses de iniciar el proceso electoral. ¿Quién más tiene que hacerse a un lado?
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