Los casi 30 mil universitarios representados por el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara fueron los primeros en encender la alarma. Lo hicieron con un oficio fechado el 2 de marzo, donde documentan un catálogo de fallas que no corresponden a casos aislados, sino a un problema estructural en la operación de las tarjetas de vales de despensa que hoy administra Broxel.
Las irregularidades son graves: tarjetas rechazadas en comercios pese a tener saldo, imposibilidad de activación, errores en plataformas digitales, cargos duplicados, cobros indebidos, bloqueos por NIP y hasta tarjetas emitidas con nombres incorrectos.
El documento sindical no solo exhibe deficiencias operativas, también abre la puerta a consecuencias contractuales: varias de estas fallas encuadran en causales de sanción o incluso de rescisión. Es decir, el problema ya no es técnico solamente.
Este caso no surge de la nada. En estas mismas páginas ya habíamos documentado que Broxel arrastra un historial de quejas ante la Condusef por prácticas relacionadas con cobros, retenciones y deficiencias en el servicio.
Pero el punto de fondo no es solo cómo opera Broxel, sino cómo llegó ahí. La licitación universitaria LI-012-DF-2025 establecía que el contrato debía adjudicarse a la mejor propuesta técnica, económica y operativa. Sin embargo, el proceso dejó más dudas que certezas. Se reconoce que participaron al menos tres empresas que cumplían con los requisitos: Broxel, Toka y Chedraui.
El dictamen técnico firmado por la Unidad de Adquisiciones señalaba con claridad que Chedraui ofrecía las mejores condiciones: mejores términos económicos, modalidad contra entrega y mayor bonificación por consumo. Es decir, había una opción mejor evaluada.
Sin embargo, el fallo final no eligió al mejor evaluado. Se optó por Broxel.
Al revisar la integración del comité de compras aparece otra pista. La decisión no fue exclusivamente técnica, sino colegiada. En ese órgano predominan representaciones cupulares: cámaras empresariales, funcionarios públicos y representantes institucionales. Un representante del gobierno estatal, dos vocales universitarios, y vocales de Canaco, Coparmex y la Cámara de Industriales de Jalisco.
En pocas palabras: la decisión de los vales de despensa fue tomada por órganos que no necesariamente viven el impacto cotidiano del servicio que contrataron.
Este patrón no es aislado. En la licitación pública estatal LPN 690/2025, correspondiente a la Tarjeta Única, el fallo es aún más revelador: la adjudicación se hizo a un solo proveedor bajo el argumento de que “cumple” con los requisitos técnicos, documentales y económicos. No porque fuera el mejor, sino porque fue el único que llegó a esa etapa.
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