En octubre de 2009, un grupo de jóvenes acampó en la avenida Lázaro Cárdenas como parte de un movimiento social emergente tras las elecciones de aquel año. Entre ellos estaban Jesús Carlos Soto, Carlos Delgado, Fernando Hernández, Karenina y Pablo Montaño. Exigían que se detuviera el proyecto del Puente Atirantado, una obra que entonces costó casi 500 millones de pesos. Pedían que se discutiera a fondo la posibilidad de destinar ese dinero a mejorar el transporte público y dejar de subsidiar obra pública orientada al automóvil.
La crónica que escribí para ‘La Gaceta’ documenta cómo, de madrugada, discutían nuevas formas de manifestarse para obligar al gobierno a responder a sus peticiones. Ese mismo año, el entonces líder estudiantil César Barba logró frenar el incremento a la tarifa, aprobado por el gobernador Emilio González Márquez, a través de amparos colectivos.
Han pasado 16 años. Algunos de ellos pasaron, con penas y glorias, por la administración pública; otros hicieron activismo y otros más optaron por proyectos personales. Lo que no ha cambiado es la exigencia: mejorar la calidad del transporte público, porque sigue siendo un servicio deficiente e inhumano. Lo verdaderamente extraño es que quien administra ese servicio sigue sentado en el mismo lugar.
Tras un paréntesis de seis años, Diego Monraz supo aquilatar sus relaciones con las cúpulas de transportistas para mantenerse 13 años como encargado del transporte en Jalisco. ¿Por qué no mejora el transporte público? Porque él y su entorno han sabido utilizar la burocracia para simular cambios y desactivar conflictos.
Revisé la Encuesta de Satisfacción de Personas Usuarias del Transporte Público 2025. El estudio no fue insumo central para justificar el aumento a la tarifa. Llama la atención que, para sostener que el sistema ha mejorado, se consulte principalmente a usuarios del Tren Ligero.
El tamaño de la muestra es de 2 mil 961 personas, con alrededor de 350 cuestionarios por cada sistema. La encuesta sólo contempla la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿Autlán, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán? Nada. En Jalisco hay más de 2 millones de personas que viven fuera esa zona y que fueron borrados del diagnóstico.
El tarifazo avalado el 26 de diciembre fue una puesta en escena. Ese viernes, el periódico ‘Mural’ publicó lo que iba a suceder. Una filtración que sirvió para medir el impacto político de la decisión.
Después vino la burla institucional: primero, porque el comité tarifario no avaló una tarifa de 14 pesos, sino una tarifa técnica de 13 pesos. Y segundo, porque esos 13 pesos se construyeron como un promedio con valores proyectados para 2026, 2027, 2028 y 2029. Es decir: vamos a pagar hoy por el futuro.
Además, el gobernador Pablo Lemus ya tenía grabado un mensaje para “salvar” a la ciudadanía mediante la Tarjeta Única: un mecanismo que no hace universal el subsidio de más de mil millones de pesos, sino que lo condiciona a cumplir trámites adicionales para acceder al descuento.
Casi dos décadas de tensiones, arbitrariedades, acuerdos opacos y desorden institucional.
¿Será tiempo de volver a salir a las calles para exigir un mejor transporte público?
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