En estas dos semanas veremos una operación política como no se había observado en al menos una década en el Congreso del Estado de Jalisco. Tras 10 años marcados por un pacto entre Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro entre 2015-2018; y luego la subordinación total del Legislativo al alfarismo, hoy se abre una coyuntura distinta: por primera vez en mucho tiempo la oposición tiene margen real para exigir, condicionar y disputar el presupuesto.
Hacer política implica pactar. Pero en un escenario hiperpolarizado, con dos agendas claramente diferenciadas, una que privilegia la agenda social desde Morena y otra que protege el modelo de desarrollo empresarial desde Movimiento Ciudadano, lo que veremos es un choque de trenes donde pesarán la experiencia, el oficio parlamentario y quizá también algunas zancadillas.
Contra lo que algunos anticipaban, la moneda de cambio no será la reforma judicial. Las verdaderas cartas de negociación para Morena, Hagamos, Futuro y también para el PRI y el PAN, con pocos, pero decisivos votos, serán los nombramientos pendientes en la arquitectura institucional del Estado.
No está en juego poca cosa: la renovación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; magistraturas que siguen sin destrabarse tras procesos judicializados; los órganos internos de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Administrativa; además de los reacomodos que surgirán a partir de las reformas en materia de transparencia y, eventualmente, al propio órgano electoral.
Para quien haya pasado por un curso básico de ciencia política, resulta casi un mantra recordar que la política es, esencialmente, pactos. Giovanni Sartori lo decía con claridad: “La democracia es, ante todo, un sistema de negociación entre minorías organizadas”, y advertía también que “el compromiso no es una traición a los principios, sino una forma racional de hacerlos políticamente eficaces”.
El problema es que en Jalisco nos malacostumbramos al conflicto permanente. Una década de alfarismo pulverizó el debate público y convirtió la disidencia en una anomalía. Incluso dentro del propio círculo íntimo del poder, a muchos se les empujó a abandonar el espacio donde realmente se decidía. De los llamados cinco magníficos, sobrevivieron dos.
Por eso resulta cínico escuchar al hoy diputado Hugo Luna lamentar en San Lázaro que “la soberbia es muy cabrona”, a propósito de la discusión de la Ley de Aguas. Fue precisamente desde su posición como jefe de gabinete donde se incubó una política de cerrazón, de malos tratos a activistas, periodistas y opositores.
Los equilibrios han cambiado. El gobernador Pablo Lemus ha mostrado interés en temas sensibles como la seguridad y los desaparecidos, pero su margen de maniobra dependerá de su capacidad para construir acuerdos reales con actores clave si quiere estabilidad política rumbo al Mundial y mantener el orden institucional en Jalisco.
El reto del bloque opositor tampoco es menor. Movimiento Ciudadano ya cedió en negociaciones que parecían impensables, como el aval a Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República. En Jalisco aún sobreviven impulsos de revanchismo. Lo que se definirá en estos días es si, finalmente, la política regresa al Congreso.
jl/I
