Parece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) tiene los días contados. Pocos han podido articular una defensa sólida de un espacio que, en teoría, debía ser árbitro y contrapeso de los poderes políticos, pero que con los años se transformó en otro espacio de cuates y cuotas. Un sitio donde hasta algunos de sus expresidentes terminan acomodándose en las nóminas del gobierno en turno, sin recato alguno.
Ante la inminente reforma político-electoral que se presentará en enero próximo, hay tres señales que hacen pensar que el IEPC será sepultado junto con el ideal de un órgano autónomo, profesional y transparente.
Primer clavo: la pérdida de confianza
El primero, aunque anecdótico, revela mucho. En su libro ‘Diario de una transición histórica’, la presidenta Claudia Sheinbaum relata que sólo visitó Jalisco una vez durante la gira de agradecimiento de López Obrador, por el clima de incertidumbre que había en ese momento. Fue el 17 de agosto, cuando acudieron a la Presa El Zapotillo, recibidos por el entonces gobernador Enrique Alfaro.
Sheinbaum destaca que Morena obtuvo el 44 por ciento de los votos en la elección federal, frente al 35.7 por ciento del ‘Prian’ y el 17.3 por ciento de Movimiento Ciudadano, e incluso impugnaron la elección a la gubernatura “por múltiples irregularidades detectadas durante el proceso”.
La falta de certidumbre en los comicios de 2024, que incluyó un conteo rápido fallido, traslados de papelería sin protocolos y la tensión evidente entre el IEPC y las fuerzas políticas, terminó por deteriorar la relación entre el hoy gobernador Pablo Lemus y la presidenta. Para finales de ese año, Jalisco había quedado sin planeación presupuestal ni interlocución política.
Segundo clavo: persecución política
El segundo caso fue el intento del IEPC por usar sus recursos para perseguir políticamente a sus críticos. El analista Rogelio Campos Cornejo fue sancionado bajo el argumento de ejercer violencia política de género contra la entonces presidenta del Instituto. Sin embargo, el 15 de octubre de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción (SUP-REP-261/2025), al concluir que sus expresiones no implicaban discriminación ni violencia, sino crítica política protegida por la libertad de expresión.
El fallo fue contundente: los servidores públicos están sujetos al escrutinio ciudadano y no deben abusar del poder para acallarlo.
Tercer clavo: incapacidad arbitral
El último golpe vino del Tribunal Electoral de Jalisco, que ordenó repetir la consulta realizada en Bolaños, donde se había aprobado cambiar el régimen municipal a usos y costumbres. El tribunal determinó que el proceso violó derechos fundamentales de la comunidad wixárika al realizarse a mano alzada, sin garantizar voto libre, secreto ni igualdad.
¿De qué sirve un árbitro electoral que no puede regular lo más obvio?
En menos de tres décadas, el IEPC pasó de símbolo de pluralidad a ejemplo de ineficiencia y desconfianza. Es una pena, porque dentro del instituto hay personas que aún trabajan con ahínco y profesionalismo. ¿Qué pasará el siguiente año? Por lo pronto, en la mesa ya se contemplan 620 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. Pero como dice la canción, ante lo evidente: ¿quién tiene un puño de tierra?
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