El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) tiene cuentas con banco Santander, institución financiera en la que también hay fondos de inversión de recursos administrados por el organismo, y aunque los contratos fueron firmados antes de que Pablo Fernando Quesada Gómez fuera nombrado director, el funcionario tendrá que darles seguimiento.
De esta forma, como titular del Ipejal será cliente del banco en el que también es integrante del Consejo de Administración.
Según información que puede consultarse en la página web del Ipejal, referente a los estados de cuenta bancarios, el organismo tiene al menos dos cuentas activas, una de ellas tradicional de cheques, abierta en la sucursal 0281 de Jardines Alcalde y otra más de cheques. También hay dos cuentas de inversión de fondos de pensiones en el mismo banco.
En ninguno de los casos se puede conocer cuál es el uso que da el Ipejal a las cuentas bancarias ni a los instrumentos de inversión contratados con Santander, ya que los estados de cuenta aparecen en versión pública, pero con todos los datos eliminados.
Lo anterior se justifica porque así lo establece la Ley de Mercados de Valores al tratarse “de información confidencial que pudiera afectar la estrategia de inversión del Ipejal y de terceros, además del sigilo a que están obligadas quienes tengan acceso a dicha información, por ser considerada como información confidencial”.
El director del Ipejal, quien asumió el cargo el primero de julio pasado tras la renuncia de Juan Partida Morales, es integrante del Consejo de Administración del banco Santander, según información publicada por la institución financiera y confirmada a través de una ficha informativa por el propio organismo.
El Ipejal aseguró que no hay conflicto de interés si Quesada Gómez mantiene su cargo en el banco, así como que “no existe ningún impedimento legal para que desempeñe estas funciones ni representa un conflicto de interés como servidor público”.
Lo anterior lo aseguró a pesar de que Quesada Gómez forma parte del Consejo Directivo del Ipejal, que es el máximo órgano de decisión del organismo y entre sus atribuciones tiene “establecer y aprobar los criterios, políticas y lineamientos sobre las inversiones de los fondos de aportaciones, de las reservas patrimoniales y demás recursos del instituto”.
Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aplica para todos los funcionarios públicos en el país, señala que las personas servidoras públicas deben “separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión”.
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