Para fortalecer la prevención frente al fraude inmobiliario y brindar información que permita reaccionar oportunamente, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio presentaron el funcionamiento y los alcances de la herramienta Alerta Registral ante autoridades, especialistas, colegios profesionales, academia y sociedad civil.

La Alerta Registral es un servicio electrónico anual que informa sobre movimientos relacionados con un inmueble. Por ejemplo, cuando se presenta una compraventa, hipoteca, gravamen u otro acto registral, envía una notificación al correo de la persona usuaria. Su función es facilitar una reacción oportuna y no suspende automáticamente los trámites.

“La tecnología es un medio, no un fin. El verdadero propósito de la Alerta Registral es proteger a las personas, a las familias, a los ciudadanos que han depositado su confianza en el patrimonio que construyeron con esfuerzo y trabajo”, dijo Tatiana Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

Patricia Ortega Híjar, directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, añadió: “La Alerta Registral es un servicio digital, a través del cual como propietario o tercero con interés jurídico podrás recibir información registral oportuna respecto a todos los actos que se pretenden realizar sobre el bien inmueble protegido”.

Una propiedad puede representar el hogar, los ahorros o la herencia de una familia; sin embargo, el fraude inmobiliario puede comenzar con un documento presuntamente falso, una identidad suplantada o una operación desconocida y avanzar sin que la persona titular lo advierta.

Al activarse, la Alerta Registral envía avisos a la persona que se acredite ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio sobre compraventas, hipotecas, transmisiones de propiedad, gravámenes y otros actos relacionados con el inmueble. 

Este blindaje patrimonial preventivo no suspende automáticamente una inscripción ni sustituye las acciones legales, pero permite conocer lo que ocurre y reducir el tiempo de reacción. 

El servicio puede solicitarse, de manera presencial, en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado por una persona titular, copropietaria o quien acredite el interés jurídico legítimo. El inmueble debe contar con folio registral y la solicitud se resuelve en un plazo máximo de tres días hábiles. 

La Alerta Registral tiene un costo anual por inmueble de mil 66 pesos y para viviendas clasificadas como populares y unifamiliares hay un descuento del 50 por ciento.

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