Hay una vieja fórmula política que rara vez falla: dejar crecer un problema hasta volverse insostenible y, cuando no haya alternativa, presentar la solución como inevitable. En Jalisco parece que estamos entrando en esa etapa.
Hoy el gobierno estatal prepara dos grandes proyectos de infraestructura que requerirán la participación de la iniciativa privada. No porque le encante entregarle negocios a los privados, ¿verdad?, sino porque las finanzas públicas difícilmente permiten otra salida.
Los números fríos son estos: al cierre de abril, el reporte del primer trimestre de 2026 registra poco más de 38 mil millones de pesos de deuda pública y pasivos de corto plazo. A ello se suman 3 mil 583 millones de pesos en pasivos contingentes, derivados de créditos del Siapa en los que el gobierno de Jalisco funge como deudor solidario. En conjunto, la carga rebasa los 41 mil millones de pesos.
Es una cifra equivalente a una cuarta parte del presupuesto anual del estado. Tan solo este año se destinarán cerca de 3 mil 680 millones de pesos para amortizar esa deuda. Aunque la Secretaría de Hacienda federal mantiene a Jalisco en un nivel de endeudamiento sostenible, la realidad es que cada peso comprometido reduce el margen para enfrentar nuevos problemas con recursos públicos.
Y si el Estado no tiene dinero, ¿quién sí tiene recursos para obra pública? Piensa mal y acertarás. Acá hay dos casos.
El primero es el Siapa. Durante décadas se prometieron rescates financieros, reestructuras administrativas, nuevos créditos y cambios de modelo. Tres décadas y miles de millones de pesos después, el resultado sigue saliendo por la llave de la casa: agua turbia, con malos olores y de una calidad que miles de familias desconfían utilizar incluso para cocinar o lavarse los dientes.
Es cierto: el problema no nació este sexenio, pero tampoco fue resuelto por los anteriores. Hay quien gobernó y presumió que tendríamos 50 años de agua garantizada, pero nunca aclaró de qué calidad. Hoy, con un organismo financieramente debilitado, la participación privada comienza a perfilarse como una de las pocas alternativas disponibles.
El segundo ejemplo está al sur de la ciudad. Durante años se permitió un crecimiento urbano desordenado que convirtió la carretera a Colima en la prolongación natural de la avenida López Mateos.
Miles de viviendas se construyeron cada vez más lejos de los centros de trabajo, sin desarrollar al mismo ritmo la infraestructura vial ni el transporte público. El resultado es chusco y trágico al mismo tiempo: las horas perdidas se aglutinan en lo que muchos llaman “Choques Mateos”.
La solución está por ver la luz: se planteará la construcción de un viaducto elevado construido con inversión privada. El gobierno tendrá que reconocer que ese esquema es lo ideal porque no dispone de recursos suficientes para financiar la obra. Después vendrá la discusión sobre la contraprestación: si se replica un modelo similar al de la Línea 4, financiado con ingresos públicos futuros, o si termina imponiéndose un esquema de peaje para quienes decidan utilizar el segundo piso. Por cierto: ya hay inversionista.
El panorama en Jalisco es ese: ya crearon los problemas. Comienza la temporada de venta de soluciones. Del dinero no se preocupe. Ellos se encargan del financiamiento, usted de pagarlo.
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