La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, AC, señaló a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) de intentar evadir el cumplimiento de una suspensión definitiva otorgada dentro de un juicio de amparo luego de que la dependencia emitiera una nueva convocatoria para asignar recursos que, de acuerdo con los promoventes, deberían ser destinados a la organización.

El apoderado legal, Antonio García, explicó que el conflicto comenzó con una suspensión provisional concedida el 12 de junio y una definitiva otorgada el 13 de julio de 2026. La resolución obligó a las autoridades de la SSAS a dar seguimiento a un exhorto del Congreso para apoyar a la organización y a considerar a ésta en el programa Yo Jalisco, Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil.

La organización está integrada por 120 personas ciegas o con discapacidad visual, quienes enfrentan dificultades para realizar trámites fiscales y administrativos. 

Como parte del proceso, los promoventes presentaron un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. El señalamiento surgió luego de que, según García, la convocatoria anterior dejara un remanente de 661 mil 137.02 pesos. La organización había solicitado alrededor de 550 mil pesos, por lo que sostiene que existen recursos suficientes para atender su petición.

García cuestionó que, pese a ese remanente, la dependencia haya optado por emitir una nueva convocatoria en lugar de considerar la reasignación de los recursos a la organización.

“En lugar de reasignar el dinero, volvemos a abrir otra convocatoria”, señaló el representante, quien consideró que la decisión podría generar una imposibilidad material de cumplir con la suspensión.

El representante sostuvo que los lineamientos del programa contemplan la reasignación de recursos cuando exista un monto disponible y una organización participante haya cumplido con los requisitos, lo que, desde su perspectiva, respaldaría la petición de Invidentes Unidos de Jalisco.

García agregó que corresponde al juzgado, y no a la dependencia, determinar el alcance de la suspensión y si existe alguna imposibilidad jurídica para cumplirla.

También cuestionó al Congreso de Jalisco. Recordó que durante una sesión de la Comisión de Hacienda se planteó apoyar a la organización y brindar acompañamiento para que pudiera acceder a los recursos; sin embargo, aseguró que ese acercamiento no ocurrió y que los legisladores sostienen que el Congreso ya cumplió al enviar un exhorto emitido años atrás, aunque corresponde a una legislatura distinta.

El representante legal sostuvo que el Congreso aún cuenta con facultades para dar seguimiento al caso, entre ellas solicitar información a dependencias, citar a funcionarios y ejercer sus atribuciones presupuestales.

La organización espera que el 18 de agosto el juzgado que trata el caso determine si existe incumplimiento de la SSAS y, en su caso, las medidas correspondientes. 

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