Pablo Fernando Quesada Gómez, quien apenas el primero de julio pasado fue designado por el gobernador Pablo Lemus Navarro como director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) en sustitución de Juan Partida Morales, sigue en la estructura de gobierno corporativo del banco Santander. Es parte del Consejo de Administración, donde es consejero propietario Serie F.

A pesar de que el Ipejal realiza inversiones y operaciones con la banca privada, para el organismo que administra los fondos de los burócratas en el estado no hay conflicto de interés. El Ipejal señaló que “no existe ningún impedimento legal para que desempeñe estas funciones ni representa un conflicto de interés como servidor público”.

A través de una ficha informativa, el Ipejal confirmó que “el director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es participante del Consejo de Administración de una institución financiera”.

Agrega que “en las políticas de inversión en mercados financieros del Ipejal se define expresamente el conflicto de interés: ‘Conflicto de intereses: la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios’”.

El 14 de junio pasado se anunció una serie de cambios en el equipo de trabajo del gobierno del estado, uno de ellos tras la renuncia “por motivos personales” de Juan Partida Morales. 

Al designar a Fernando Quesada, quien asumió la dirección del Ipejal el 1 de julio de este año, se informó que “tiene experiencia en el sector financiero”.

Según información del Reporte de Resultados de Santander, el 23 de abril pasado se celebró la Asamblea General Anual Ordinaria y Especial de Accionistas de las series F y B, en las que se aprobó la integración del Consejo de Administración. En dicho consejo aparece Pablo Fernando Quesada Gómez como consejero propietario de “Consejeros Serie F no independientes”.

Según lo establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el director del organismo tiene atribuciones para participar en todas las decisiones administrativas y financieras, ya que forma parte del Consejo Directivo, que es el máximo órgano de decisión del Ipejal.

En la fracción quinta del artículo 153 de dicha ley se señala que entre las atribuciones del Consejo Directivo está “establecer y aprobar los criterios, políticas y lineamientos sobre las inversiones de los fondos de aportaciones, de las reservas patrimoniales y demás recursos del instituto”. 

Otra atribución marcada por la ley para el Consejo Directivo es ordenar la realización de estudios actuariales, que son la base para la toma de decisiones financieras del organismo, así como revisar y autorizar las propuestas que presente el comité de inversión del Ipejal. 

En la ley se señala que “los recursos del instituto se invertirán en la forma y condiciones que establezca el Consejo Directivo”, autorizando inversiones financieras para “incrementar el rendimiento de las reservas”.

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