Con cuatro votos a favor y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano (MC), avanzó en la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso la reforma que reestructuraría al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) con cambios en su Junta de Gobierno, nuevos requisitos para ocupar la dirección general y mecanismos de participación vecinal. 

La comisión aprobó la iniciativa que plantea incorporar a un representante de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segia) en la Junta de Gobierno y establecer una representación vecinal mediante insaculación pública a partir de un padrón verificado.

La representación vecinal duraría un año, sin reelección inmediata y con rotación territorial entre los Municipios metropolitanos a fin de incorporar participación ciudadana en las decisiones del organismo.

La reforma también crea un comité técnico de verificación de perfiles, integrado por representantes del Ejecutivo estatal, Municipios, una universidad y la dirección general del Siapa, que emitiría opiniones sobre el cumplimiento de los perfiles para cargos directivos y técnicos.

En cuanto a la dirección general, se propone una convocatoria pública y requisitos como título profesional, al menos cinco años de antigüedad en materias relacionadas y tres años de experiencia comprobable en gestión hídrica, finanzas públicas, administración o sostenibilidad ambiental.

El procedimiento establece que la Junta de Gobierno seleccionará una terna con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y la enviará al gobernador para su designación. Si no se integra en 30 días, el Ejecutivo podrá elegir entre los aspirantes que cumplan los requisitos.

El dictamen también establece como causas de remoción el incumplimiento de metas, faltas administrativas graves o de obligaciones legales y la pérdida de confianza sustentada en causas objetivas. La reforma aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno.

Por otro lado, la comisión aprobó invitar al director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Luis Guillermo Medrano Barba, a una mesa de diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto para conocer el Programa Estatal de Vivienda, sus avances y la aplicación de programas como Mejoramiento de Vivienda, Mi Primera Renta, Jalisco Sí Pinta y Programa Legado. El encuentro contempla la participación de diputados, ciudadanos y académicos.

VAN VS. CORRUPCIÓN Y PERMISOS DISCRECIONALES 

Poner fin a la discrecionalidad en las factibilidades del Siapa, castigar con mayor severidad la corrupción y hacer pública la información sobre la calidad del agua son algunas de las medidas que planteó la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero en una iniciativa construida con el especialista Josué Sánchez Tapetillo que llegará al pleno el 3 de septiembre.

La propuesta busca que cada factibilidad hidráulica tenga un folio único, seguimiento electrónico, plazos definidos, criterios objetivos, publicidad y mecanismos de impugnación. Con ello se pretende evitar autorizaciones opacas para desarrollos habitacionales, comerciales o industriales que no cuenten con infraestructura suficiente.

Como ejemplo, Casillas señaló que el acuífero de Toluquilla registra un déficit anual de 75.6 millones de metros cúbicos y, pese a ello, se avalaron 44 nuevas concesiones en 2024. La diputada sostuvo que este tipo de autorizaciones deben sujetarse a criterios técnicos y a la disponibilidad real de agua.

La iniciativa también plantea aumentar las sanciones para servidores públicos responsables de actos de corrupción relacionados con el agua. Cuando estas conductas provoquen contaminación o daños graves a la salud, las penas podrían duplicarse.

Otro de los ejes es crear un sistema público de monitoreo de la calidad del agua, mediante el cual la ciudadanía pueda consultar información actualizada sobre las condiciones de cuencas y acuíferos, particularmente en zonas con presión urbana o antecedentes de contaminación.

De acuerdo con Sánchez Tapetillo, actualmente las factibilidades pueden otorgarse mediante procesos discrecionales, lo que permite que desarrolladores obtengan conexiones a los servicios sin aportar infraestructura suficiente. La propuesta busca transparentar los criterios y permitir que los vecinos conozcan qué proyectos se pretenden construir y cómo se mitigarán sus impactos.

La iniciativa contempla además crear el “instituto jalisciense de estudios sobre el agua”, que sería un organismo descentralizado encargado de investigación, innovación, capacitación y generación de conocimiento técnico especializado. Al respecto, Casillas planteó que el gobierno estatal destine 1 por ciento de su presupuesto anual a ciencia, tecnología e innovación para dar suficiencia a esta institución.

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