La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó recientemente el dictamen que busca reconocer y sancionar el reclutamiento forzado de personas, mediante tres iniciativas presentadas entre 2025 y 2026 para reformar el Código Penal estatal y responder a un problema social complejo que durante años ha permanecido sin ser reconocido en la legislación local.
Al igual que en otras leyes, códigos y ajustes a protocolos, son las familias de personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda quienes han denunciado y visibilizado la necesidad de legislar y, en este caso, crear un nuevo tipo penal para sancionar a quienes cometan reclutamiento forzado. En el avance de estas iniciativas ha sido fundamental la participación del Colectivo Luz de Esperanza, cuyos integrantes han insistido en foros, actividades y mesas de trabajo que se reconozca el reclutamiento como delito y, además, participaron directamente en la construcción de una de las iniciativas consideradas en el dictamen.
La afectación a niñas, niños y adolescentes requiere especial atención. El propio dictamen recupera un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación que identificó 50 municipios con alta incidencia de reclutamiento en 18 entidades; Jalisco aparece entre los estados con mayor presencia, con seis municipios. También señala que siete de cada diez menores reclutados crecieron en entornos de alta criminalidad. Estos datos no deben interpretarse como una responsabilidad de las víctimas o sus familias, sino como evidencia de condiciones estructurales y de inseguridad que son aprovechadas por grupos criminales para captar principalmente a adolescentes y jóvenes.
El reclutamiento puede operar mediante distintas formas de captación, como el engaño a través de falsas ofertas de empleo, los contactos por redes sociales y videojuegos, las amenazas y otras formas de coacción. Frente a ello, el dictamen también contempla como necesaria una estrategia estatal de prevención, con coordinación entre distintos órdenes de gobierno, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, así como campañas de información, mecanismos de verificación, denuncia y canalización, desde un enfoque de derechos humanos y prevención social de las violencias. La respuesta del Estado debe considerar además el interés superior de la niñez y una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes.
La participación de Luz de Esperanza forma parte de una labor más amplia de búsqueda e incidencia. El colectivo realiza permanentemente jornadas de pega de cédulas en distintos puntos de la ciudad para mantener visibles los rostros de las personas desaparecidas y ha impulsado la iniciativa “Familias buscadoras, familias prioritarias”, que busca su reconocimiento como grupo prioritario y vulnerable para garantizar medidas de protección y acceso a programas sociales, económicos, laborales, educativos y de seguridad. Su trabajo muestra nuevamente que las familias no solamente buscan: también generan propuestas y propician cambios institucionales para beneficio colectivo.
Tipificar el reclutamiento forzado es un paso necesario, pero también deben atenderse las condiciones estructurales que incrementan los riesgos de captación, proteger especialmente a niñas, niños y jóvenes, y escuchar a colectivos y familiares que, desde la experiencia de la búsqueda, llevan años señalando los vacíos que persisten en nuestras instituciones.
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